Una vez que el Consejo de Participación apruebe el informe de la Comisión, será enviado a la Asamblea para que fije el día de la posesión.

La nueva Corte Constitucional, a un paso de ser conformada

Miles de causas represadas esperan a los nuevos magistrados. Herrería superó todas las impugnaciones. El pleno de Participación analizará nombres el lunes.

El ofrecimiento fue acelerar el paso y así sucedió. La Comisión Calificadora para la selección de la Corte Constitucional (CC) hizo pública ayer la lista de los nueve candidatos mejor puntuados dentro de este concurso que empezó en octubre.

El informe ya fue enviado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que se reunirá el lunes para conocer las conclusiones y recomendaciones de la Comisión. Todo hace prever que el listado será aprobado tal como está planteado.

Aunque si el pleno identifica que uno de los elegidos está inmerso en alguna inhabilidad o carece de los méritos suficientes, la Comisión deberá proponer un nuevo nombre de entre los postulantes.

Antes de hacer este anuncio, la Comisión Calificadora informó que las cinco impugnaciones ciudadanas que fueron presentadas en contra del candidato Enrique Herrería fueron desestimadas. Con esto, el jurista se ubica en el séptimo puesto de los que serían jueces constitucionales titulares.

También hay una segunda nómina: la del banco de jueces elegibles, es decir los que podrán reemplazar a los definitivos en caso de ausencia temporal o permanente.

¿Qué le espera a la nueva Corte Constitucional? En la actualidad el organismo se encuentra en vacancia desde el cese de los anteriores jueces constitucionales. Entre agosto y diciembre llegaron 2.000 causas, que se sumaron a las 11.000 que quedaron acumuladas durante la gestión del expresidente del organismo, Alfredo Ruiz.

Justamente la falta de diligencia fue uno de los motivos por los que el Consejo de Participación transitorio decidió dar de baja a la anterior CC, además de las acusaciones de tener cercanía con el gobierno anterior.

Pero además tendría que abordar con cierta urgencia un tema que se viene cocinando entre la Presidencia de la República y el Consejo de Participación: la transformación de la Contraloría General del Estado en un Tribunal de Cuentas.

El presidente Lenín Moreno no descarta convocar a una consulta popular para ejecutar este cambio. Calificar la constitucionalidad de esta propuesta está en manos de la nueva Corte Constitucional, reconoció la semana pasada el mandatario.

La reacciones por la virtual designación no se hicieron esperar. El académico y experto en Derecho Constitucional Iván Castro Patiño le dijo a EXPRESO que la lista que se hizo pública ayer renueva la esperanza de que se retome en el país la defensa de los derechos constitucionales.

“La labor de la CC es capital para el funcionamiento del Estado. Este organismo debe ser proactivo para actuar cuando se cometan abusos contra los ciudadanos”, indicó.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, también se pronunció con respecto a la eventual Corte Constitucional y la calificó como “de primera”.

Los calificados:

Luis Hernán Salgado Pesantes: Doctor en Jurisprudencia y doctor en Ciencias Políticas, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exmagistrado del Tribunal Constitucional y exjuez de la Corte Suprema de Justicia.

Hilda Teresa Nuques Martínez: Abogada de la Universidad Católica de Guayaquil. Trabajó en áreas como contratación civil y mercantil, derivación de conflictos hacia la mediación y asuntos constitucionales.

Agustín Modesto Grijalva Jiménez: Abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas, especializado en derecho constitucional; PhD y máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Kansas; docente de la Universidad Andina.

Ramiro Fernando Ávila Santamaría: Doctor en Jurisprudencia y en Sociología del Derecho. Coordinador de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Andina. Ha investigado sobre neoconstitucionalismo.

Alí Vicente Lozada Prado: Doctor en Jurisprudencia e investigador de temas constitucionales. Es profesor externo de la Universidad de Alicante y ha trabajado con la OEA en propuestas de leyes anticorrupción.

Daniela Salazar Marín: Abogada con una maestría en Leyes por la Universidad de Columbia. Es especialista en derechos humanos y ha sido catedrática en universidades nacionales e internacionales.

Pablo Enrique Herrería Bonnet: Doctor en Jurisprudencia y especialista en Arbitraje y Mediación. Fue asambleísta entre 2009 y 2014. Fue director del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Exjuez constitucional.

Carmen Faviola Corral Ponce: Doctora en Jurisprudencia con maestrías en Derecho Financiero y Derecho Internacional Bancario. Ha actuado como veedora y asesora en temas de seguridad social.

Karla Elizabeth Andrade Quevedo: Doctora en Jurisprudencia, especialista en Derecho Constitucional. Ha participado en la redacción de varias leyes y normativas. Asesoró a empresas nacionales e internacionales.