Noboa afirma que "Municipios prefieren el crimen antes que trabajar con el Gobierno"

El presidente Daniel Noboa lanzó fuertes críticas este martes 31 de marzo contra ciertos gobiernos locales que, según él, se niegan a trabajar con el Ministerio del Interior en la lucha contra la delincuencia. “Hay municipios que sí trabajan con el ministerio y otros que simplemente no les da la gana, prefieren que haya crimen para culpar al gobierno”, dijo en entrevista con Radio Gaviota.

El mandatario insistió en que toda ayuda que beneficie a la ciudadanía es bienvenida, pero advirtió que no tolerará acciones que busquen incrementar la inseguridad. “Cuando me tocan la tecla es cuando hacen cosas para incrementar el crimen y robar al Estado”, enfatizó.

Además añadió que quienes atacan al Gobierno son parte del "viejo país" y quienes los eligieron a ellos lo hicieron porque estaban "cansados de la politiquería". Así mismo afirmó que los que los bandos políticos que los critican son quienes "tienen que desaparecer".

Medidas del Gobierno e impacto a los municipios

El Municipio de Guayaquil no ha sido el único marcado por las decisiones del Gobierno, a nivel nacional varios alcaldes se han mostrado en contra de reformas como la del COOTAD, entre ellos el alcalde de Quito Pabel Muñoz. Antes de la aprobación de la reforma, Muñoz afirmaba que la iniciativa plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen progresivamente al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y obra pública, mientras limita el gasto corriente al 30 %.

Muñoz ha expresado que afectaría directamente a la capital, que administra 20 unidades educativas municipales y 13 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI). La ley podría forzar el cierre de instituciones emblemáticas y alertó que se vulneraría la autonomía de los gobiernos locales y se pondrían en riesgo servicios de educación, salud y atención social.

Elecciones seccionales adelantadas

El Consejo Nacional Electoral (CNE), ente rector de los comicios, resolvió adelantar tres meses las elecciones seccionales como medida de prevención ante un eventual periodo invernal que podría entorpecer el proceso electoral, originalmente previsto para febrero de 2027. Aunque el CNE defendió la medida como preventiva, varios sectores políticos y sociales cuestionaron su legitimidad, señalando que se trata de una maniobra con motivaciones políticas más que técnicas.

Entre las organizaciones que se pronunciaron, la Revolución Ciudadana (RC) calificó la resolución como “inconstitucional” y denunció que vulnera el derecho de participación ciudadana. El Partido Social Cristiano (PSC) también rechazó el adelanto, argumentando que la ley solo permite cambios de fecha en casos excepcionales como la disolución de la Asamblea o la destitución del presidente, y anunció que pedirá un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Unidad Popular, en proceso de cancelación, fue más tajante: su director Geovanni Atarihuana ha calificado la medida como “una estrategia del régimen autoritario” y un atentado contra millones de ecuatorianos.

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