El derecho a la nacionalidad está reconocido en numerosos convenios jurídicos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que en su artículo 15 estipula que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. La decisión adoptada por el presidente Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas críticas con su Gobierno, tras declararlos esta semana “traidores a la patria”, apenas tiene precedentes en el mundo en las últimas décadas y puede contravenir el ordenamiento jurídico internacional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), que entró en vigor en 1978 y fue firmada por 23 países, entre ellos Nicaragua, establece en su artículo 20, sobre el Derecho a la Nacionalidad, que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra” y “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el organismo encargado de velar por la aplicación de esta convención. También la Convención adoptada por Naciones Unidas para reducir los casos de apatridia, que entró en vigor en 1975, aborda el tema de la retirada de nacionalidad y tras establecer en su artículo 7 que “el nacional de un Estado no podrá perder su nacionalidad si al perderla ha de convertirse en apátrida”, en su artículo 9 señala que los Estados “no privarán de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”.

Tras declararse la Primera Guerra Mundial y durante las dos décadas siguientes, varios países europeos adoptaron medidas para privar de la nacionalidad a ciudadanos que consideraban que habían realizado “actos antinacionales” o a favor del enemigo. El primero fue Francia en 2015 y le siguió Bélgica. Anteriormente, en 1926, el régimen fascista italiano promulgó una ley contra los ciudadanos que se habían mostrado “indignos de la ciudadanía italiana” y el 4 de julio de 1933 el gobierno nazi de Adolf Hitler, entre las numerosas leyes que discriminaban a los judíos, aprobó la Ley de revocación de la naturalización y del reconocimiento de la ciudadanía alemana, que privaba de la ciudadanía a los judíos alemanes recientemente naturalizados.

La retirada de la nacionalidad también ha sido una práctica utilizada en las dictaduras latinoamericanas, caso de la de Chile, donde el dictador César Augusto Pinochet privó de la nacionalidad a opositores como el miembro del Gobierno de Salvador Allende Orlando Letelier -en 1976, cuando ya se hallaba exiliado en Washington y once días antes de ser asesinado por la explosión de una bomba en su coche- o el sindicalista Ernesto Araneda, en 1977.

En los últimos años, países como Francia o el Reino Unido han adoptado medidas para retirar la nacionalidad a algunos condenados por terrorismo.

En 2015 Francia privó de la nacionalidad a cinco condenados que tenían doble nacionalidad, en una decisión avalada cinco años después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que valoró que la medida no les convertía en apátridas al poseer otra nacionalidad,

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) existen en el mundo cerca de 10 millones de apátridas, muchos de ellos por la falta de reconocimiento de una etnia específica dentro de un territorio o restricciones a la extensión de la ciudadanía a hijos nacidos en el exterior.