El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, para promover la organización de los jóvenes a través de consejos estudiantiles, que según expertos, contiene vacíos y ambigüedades sobre las obligaciones del Estado y de las escuelas, que puede acarrear problemas de ejecución.

Esta ley fue creada, de acuerdo con el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, para la inclusión, la participación y "el enaltecimiento de la vida estudiantil", promesas que los afectados ponen en duda.

El artículo 17 de la normativa plantea la creación de los Consejos Estudiantiles como una instancia de organización y participación de los jóvenes en educación primaria y media, quienes, "a través de un proceso democrático, escogerán sus voceras, con la coordinación y apoyo del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación".

Estos consejos tendrán, según el texto, "plena autonomía", tanto para su conformación, como para el desarrollo de actividades, y contará con el "apoyo y acompañamiento" de las instituciones "con competencia en materia de educación a nivel nacional, estatal y municipal de forma coordinada".

 

El abogado y coordinador de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, ve positivo reivindicar la participación de los estudiantes porque tienen "todo el derecho y la capacidad de expresar, de opinar, de disentir, de proponer y la participación es un vehículo que permite visibilizar otros derechos", pero considera que la normativa es ambigua.

"Creo que el problema de esta ley es su ambigüedad y eso va a traer problemas de interpretación y de aplicación. Los primeros 11 artículos del proyecto sancionado son una copia de lo que ya la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece, no hay ninguna novedad con respecto a su contenido", explicó  

Nancy Hernández, miembro del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), dijo a EFE que esta ley es un "mecanismo de control político y social del estudiantado venezolano, de la educación media y, de manera indirecta, de la familia venezolana".

"A pesar de que en algunos artículos indica que puede haber otras formas de organización de los estudiantes, no es menos cierto que privilegia y, además, con nombre y apellido organizaciones sociales dentro de la comunidad estudiantil (...) que son promovidas desde el Estado, primera intervención", apostilló.