Mutilados por minas se sienten abandonados en Colombia

Invadieron sus territorios. Los potreros, las montañas, las trochas por las que los campesinos colombianos caminaban en su cotidianidad fueron tomados por la guerra como posibles campos ‘del enemigo’. Las FARC y el Estado en un conflicto de más de cincuenta años terminaron acorralando a la población civil, convirtiéndola en víctima. De los más de 11.000 afectados por las minas antipersona en el país, al menos el 40 % no pertenecía a “ningún bando”. Eran civiles. De ellos, 1.142 menores de edad.

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación Prolongar buscaron cifras y se acercaron a las historias que permanecen detrás, casi invisibles. En el informe ‘La guerra escondida. Minas Antipersonal’ revelan las tristezas posteriores a la tragedia. “Las víctimas civiles se sienten abandonadas ante la precaria atención y los obstáculos burocráticos para obtenerla”, señala el documento, según el cual el 70 % de las personas sobrevivientes a las minas corresponde al estrato 1 (el más pobre y marginado de Colombia) y en el 71 % la atención en salud es promovida por el Sisben (programa de atención estatal). Si en este país es difícil conseguir cubrimiento en medicina con programas pagos, es peor cuando depende del Estado.

En el caso de las víctimas de la Fuerza Pública, los testimonios sobre los procesos de inclusión socioeconómica contienen reclamos hacia su propia institución y hacia al Estado. Sobre todo protestan quienes sufrieron daños invisibles, en órganos internos y en la piel, daños sensoriales, psicológicos. Llaman la atención sobre el hecho de que el Estado no reconozca una pensión para estos sobrevivientes cuando la discapacidad es menor al 50 %. Además, claman por procesos más serios en los tratamientos psiquiátricos. “El Estado cree que salud mental es ir tres o cuatro veces a una consulta y ya, pero después nunca hay seguimiento”, decía un adulto desde Carmen de Bolívar, una zona marcada por la violencia.

La situación de los niños víctimas también reclama mayor atención. El 27 % de los afectados civiles en Colombia por estos explosivos, han sido personas menores de edad. En total, entre enero de 1990 y marzo de 2016, 1.142 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas directas de minas y remanentes de explosivos en el país, en donde de acuerdo con el informe existe sospecha de la presencia de estos artefactos explosivos en 31 de los 32 departamentos. El documento aclara que no significa que todo el territorio esté minado. Para desgracia de algunas poblaciones, la afectación de esos explosivos está centrada en zonas muy específicas, las mismas que han tenido que soportar el peso de una guerra que se ensañó con sus pobladores y de un país que no ha sabido repararlos.