El Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud tienen previsto firmar este lunes un convenio para el apoyo del ente local en la logística de vacunación en la ciudad. Así lo confirmó el abogado Carlos Barquet, procurador síndico municipal, a la salida de la reunión que mantuvo él y el doctor Carlos Salvador, director de salud del Cabildo, con el ministro Mauro Falconí en Quito.

"Tuvimos conversaciones sobre la planificación que se está llevando a cabo por parte de ellos como autoridad sanitaria nacional. Como Municipio de Guayaquil presentamos todo nuestro contingente para poder articular de manera coordinada con ellos y hacer más efectiva la vacunación", señaló Barquet.

El abogado explicó que el ministro Falconí les dijo que "las vacunas están llegando" y que van a necesitar "todo el aparataje del Municipio y de la logística" que ya tienen levantada con las "mesas técnicas para poder ser más eficaces y eficientes para la administración de la vacuna".

En ese convenio se establecerá, a decir de Barquet, el compromiso del Cabildo de prestar todo el contingente logístico y por parte de Salud, el de dar un cronograma en el que se señale, a medida de la llegada de las vacunas, cuántas y cuándo van a ser destinadas en Guayaquil.

El doctor Carlos Salvador, quien calificó la reunión como "productiva", dijo que Salud prevé darle al Municipio 1.8 millones de dosis para que sean aplicadas en la ciudad y que estas vacunas serán para la inmunización masiva, pues el Gobierno ya está avanzando con el personal de primera línea y vulnerable. 

Este convenio dejaría, al menos por ahora, descartada la posibilidad que exigía Guayaquil para comprar las dos millones de dosis que había anunciado la alcaldesa Cynthia Viteri a finales de febrero. Y significaría un restablecimiento de las relaciones entre ambas instituciones que se vio fraccionado cuando, según Viteri, el Gobierno empezó a poner trabas para la importación de las dosis, incluso bajo la venia de la Procuraduría.

Tras este cruce de acusaciones, la alcaldesa interpuso una medida cautelar en contra de Salud y de la filial de Pfizer en Ecuador para que liberen la compra de las vacunas de la que aún se espera una respuesta. La farmacéutica dijo en la última audiencia realizada el martes que ellos no fabricaban ni tenían vacunas.