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El presidente de Colombia, Gustavo Petro.EFE

Petro firma el decreto que convoca la consulta popular sobre la reforma laboral

"He firmado el decreto que convoca a la consulta popular", escribió el mandatario izquierdista en su cuenta de X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles 11 de junio de 2025 el decreto para convocar a una consulta popular sobre su reforma laboral, una iniciativa polémica que la oposición amenaza con llevar a los tribunales porque el Senado, que tiene la competencia para hacerlo, ya rechazó esa posibilidad.

"He firmado el decreto que convoca a la consulta popular", escribió el mandatario izquierdista en su cuenta de X, donde agregó que ha enviado el documento a la Corte Constitucional para su estudio.

"Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes", anunció el presidente.

Este martes, al menos 24 organizaciones sociales le pidieron al presidente Petro, abstenerse de convocar por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral, iniciativa que ha causado controversia por el momento que vive el país.

"Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el anuncio del Gobierno Nacional de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral mediante un decreto presidencial, y hacemos un llamado a que se abstenga de expedirlo", dice el documento divulgado por el Centro de Estudios Dejusticia, uno de los firmantes.

Una convocatoria rechazada

El Senado rechazó en una votación el pasado 14 de mayo la convocatoria de la consulta popular pedida por Petro para rescatar la reforma laboral hundida en esa misma cámara legislativa en marzo, pero el mandatario no acepta esa decisión e insiste en que "hicieron trampa" y que "el pueblo" reclama la consulta.

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Las organizaciones dicen hoy en el documento que son conscientes de la "necesidad urgente" de avanzar en reformas sociales que hagan realidad el mandato del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.

"Sin embargo, convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes", aseguran.

A renglón seguido agregan que "las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el presidente".

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