No son solo ecologistas, son personas que protegen sus bosques, sus territorios y la diversidad frente a bandas criminales que amenazan sus vidas y buscan frustrar sus titánicos esfuerzos de conservación. Los defensores ambientales en Perú guardan con pasión la Amazonía expuestos cada vez a más peligros.

Uno de ellos es Víctor Zambrano, reconocido conservador ambiental peruano. Durante más de una hora relata los asesinatos impunes -asegura- de compañeros, los innumerables proyectos de protección de bosques que no han prosperado o los de formalización de actividades ilegales y, sin embargo, el amor” a su entorno lo anima a seguir luchando. “Toda la vida, desde que tengo uso de razón, mi mayor anhelo ha sido tener mis bosques y recursos naturales de manera íntegra”, dice Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, en el departamento amazónico de Madre de Dios.

Pero el romanticismo que inspira y motiva a Zambrano está lejos de lo arduo y peligroso de su día a día. Solo desde el comienzo de la pandemia, se han contabilizado una veintena de asesinatos. Miembros de comunidades indígenas que viven en la Amazonía y personas encargadas de una concesión de bosque ven cada vez con más frecuencia cómo sus territorios son invadidos por grupos ilegales que buscan su explotación, ya sea la tala ilegal, la minería o el narcotráfico.

Solo por defender sus propios suelos o denunciar estas ocupaciones son amenazados por estos actores criminales y este peligro es aún más trágico por la tremenda desprotección y asimetría a la que se enfrentan los conservadores. “Existe una fuerte sensación de impunidad, se cometen delitos y aunque sean denunciados, no pasa nada. Eso hace que el panorama se agrave”, explica la defensora ambiental y fundadora de Arbio, Tatiana Espinosa desde su concesión de bosque amazónico, un terreno que el Estado asigna a empresas u organizaciones para su conservación.

“Estamos en un momento preocupante porque no hay soluciones a la vista, se siguen sucediendo situaciones bien complicadas y nosotros seguimos expuestos a pesar de varias acciones complementarias con entidades del Gobierno regional o entidades con la finalidad de elaborar una estrategia para poder impulsar actividades económicas sostenibles”, explicó Zambrano. “Tú eres el que jode, déjanos trabajar”, le dijeron encapuchados con cuchillos y una pistola a Alberto Inuma, representante de la comunidad Boca Pariamanu, en 2017, durante una de sus visitas a la ciudad de Puerto Maldonado para hacer trámites.

A pocos metros del colorido mural del defensor ambiental Roberto Pacheco, asesinado en 2020 mientras vigilaba su terreno, Inmuna cuenta cómo su comunidad, de apenas 37 familias, se dio cuenta de que algo iba mal cuando el agua del río del que beben se empezó a enturbiar. La minería ilegal de oro había entrado en su territorio y, tras denunciar la situación, llegaron las amenazas que más tarde se tradujeron en ofertas para comprarles las tierras, que rechazaron.

Tanto Inmuna como Zambrano y Espinoza aseguran que revertir esta situación es difícil porque las autoridades, las fuerzas de seguridad y los miembros de la Justicia viven amenazados o “comprados”, por lo que denunciar los abusos de estos grupos no es solo inútil, sino que aumenta su vulnerabilidad.