El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva determinó este martes 9 de enero de 2024 que las acciones adelantadas por el Ejército y la Policía Federal para combatir la minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami, en la Amazonía brasileña, dejarán de ser esporádicas y pasarán a ser permanentes a partir de este año.

En total serán invertidos 1.200 millones de reales (245 millones de dólares) para implementar las nuevas políticas públicas de asistencia a los indígenas, que incluyen una sede permanente del Gobierno en la zona.

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La decisión se tomó tras un encuentro del mandatario brasileño con varios de sus ministros y altos funcionarios del Gobierno en el que se evaluó la situación del pueblo yanomami un año después de que se hubieran decretado acciones de emergencia para frenar la crisis sanitaria que venían padeciendo los indígenas.

La actuación de los uniformados fue activada por Lula una semana después de asumir su tercer mandato luego de ser testigo presencial del hambre, las enfermedades y la falta de asistencia que padecía el pueblo originario, víctima de la invasión de sus tierras por parte de mineros ilegales y a consecuencia del abandono del Estado.

Aunque en una primera instancia hubo una fuerte acción de las autoridades, los operativos no fueron permanentes, lo que implicó el regreso de actividades como la minería ilegal, que trae enfermedades como la malaria y usa metales pesados para la extracción de oro, contaminando el agua de los ríos y exterminando la pesca.

"Vamos a tratar la cuestión indígena y yanomami como una cuestión de Estado, es decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo aún mayor, utilizando todo el poder que pueda tener la maquinaria pública, porque no es posible que perdamos una guerra contra la minería ilegal, los madereros ilegales, la gente que está haciendo cosas en contra de lo que determina la ley", afirmó Lula en el encuentro.

Al término de la reunión, el ministro de la Presidencia, Rui Costa, señaló en una rueda de prensa que las actividades permanentes no serán solo por parte de los uniformados, pues la sede permanente del Gobierno en la zona también tendrá representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Derechos Humanos y Educación, entre otros.

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"Es necesario restablecer la pesca, los cultivos y que la seguridad alimentaria no dependa de la llegada de una cesta básica de alimentos", enfatizó.

La nueva sede también tratará los asuntos relacionados con los venezolanos que llegan a Brasil, pues de los 800.000 que han ingresado al país, unos 100.000 están asentados en el estado fronterizo de Roraima.

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