Honduras sigue con atención el juicio en Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado por tres delitos asociados al narcotráfico, y que se espera que comience el martes 20 de febrero, dos años después de que fuera solicitado en extradición y capturado en su residencia en Tegucigalpa.

El inicio del juicio, si no se aplaza como ya ha ocurrido en tres ocasiones, se ve con mucha expectación en Honduras y el exterior, por tratarse del primer exgobernante hondureño llevado a juicio en Estados Unidos, por narcotráfico.

Otro expresidente hondureño, Rafael Callejas (1990-1994), enfrentó un juicio en EE.UU., que trascendió en 2015, por un millonario escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

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Con libertad condicionada y afectado por una leucemia, Callejas murió en EE.UU. en abril de 2020. Ambos exgobernantes fueron acusados por delitos asociados al narcotráfico y corrupción, flagelos con hondas raíces en Honduras, país de diez millones de habitantes. Más del 60 % se encuentra en situación de pobreza.

Diversos sectores coinciden en que la pobreza obedece en gran medida a la corrupción y el narcotráfico.

El narcotráfico comenzó a asomarse en el país hace 50 años y fue creciendo sin que ninguna autoridad hiciera nada para evitarlo. Por el contrario, jueces, magistrados, policías, militares, empresarios, banqueros, alcaldes y diputados, entre otros, fueron salpicados de manera gradual.

Las autoridades hondureñas siempre han conocido cómo ha operado el narcotráfico, pero en vez de combatirlo, algunas terminaron siendo cómplices.

Ante tanta inoperancia de las autoridades, ha sido la justicia de EE.UU. la que desde 2014 comenzó a señalar y pedir la extradición de hondureños para juzgarlos por narcotráfico.

Entre 2014 y lo que va de 2024 han sido entregados en extradición unos 40 hondureños, incluidos el expresidente Hernández, un hermano suyo, Juan Antonio, quien ya fue condenado a cadena perpetua, y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla.

Aunque no han sido acusados, los nombres de los expresidentes Manuel Zelaya y Porfirio Lobo han salido también a relucir en testimonios en Nueva York de extraditados que pertenecieron a carteles de la droga, algunos de los cuales siguen operando en Honduras. Ambos exgobernantes han rechazado los señalamientos.

En el caso de Porfirio Lobo, uno de sus hijos, Fabio, fue condenado en EE.UU. en 2017 a 24 años de cárcel por narcotráfico.

Muchos hondureños no conciben por qué las autoridades no investigaron, ni acusaron a tantos nacionales implicados en el narcotráfico.

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El analista Manuel Torres considera que, "como en tantas extradiciones y procesos judiciales similares, la carga de la prueba acusatoria -contra Juan Orlando Hernández- recae en la exclusiva responsabilidad de la Fiscalía norteamericana, mientras que en los pasillos del sistema penal y judicial de Honduras se guarda mutismo y no se investiga".

"¿Cómo fue posible un eslabón tan alto entre el crimen organizado y el Estado, qué autoridad o comisión se hará cargo de hacer una exhaustiva revisión histórica de lo ocurrido, indagando normas, medios y procedimientos legales e ilegales que lo explican? Por el momento, ninguna. La tendencia visible más bien es a ocultar, no a revelar", indicó Torres a EFE en Tegucigalpa.

Añadió que así como en EE.UU. la Fiscalía invoca la figura de "documentos clasificados" para impedir que trasciendan ciertos detalles de la relación entre su Gobierno y Hernández, en Honduras es previsible que el juicio califique ya como de "seguridad nacional" y se trate de reducir al máximo su impacto interno.

Ese enfoque, según el analista, retoma la idea de que la seguridad del Estado garantiza la seguridad de la sociedad, y no al revés, es el mismo concepto que trae a la memoria la vieja doctrina de la seguridad nacional que tanta violación a los derechos humanos provocó en los años 80 del siglo pasado en Honduras.

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