Cuando Darian Dalili escuchó que había un acuerdo para liberar a los presos estadounidenses en Irán, una alegría contenida le recorrió el cuerpo, pero esta se apagó rápidamente cuando recibió como un balde de agua fría la peor de las noticias: su padre no está incluido en el trato.

El viernes 18 de agosto, este joven de 28 años condujo siete horas desde su hogar en Massachusetts hasta Washington, donde inició una huelga de hambre ante la Casa Blanca, que luego trasladó a las puertas del Departamento de Estado, para protestar por la exclusión de Shabab Dalili del pacto de prisioneros. “Siento que están abandonando a mi padre”, cuenta Darian, quien se siente “frustrado y obviamente muy preocupado”.

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Shabab Dalili, de 60 años, residente permanente en EE. UU. pero sin ciudadanía, viajó a Irán en 2016 para acudir a un funeral, pero fue detenido en un taxi, encarcelado y condenado a diez años de prisión acusado de espiar para Washington, algo que él niega. Su nombre no forma parte de la lista de los cinco estadounidenses encarcelados en Irán que el pasado jueves fueron puestos bajo prisión domiciliaria a la espera de ser devueltos próximamente.

La Administración de Joe Biden acordó con el régimen de Teherán la liberación de los cinco a cambio de que Washington desbloquee 6.000 millones de dólares de fondos iraníes retenidos en bancos de Corea del Sur.

Ese mismo día, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que no le constaba que quedaran estadounidenses en prisiones iraníes. Eso dolió a Darian, quien durante los últimos años ha contactado en innumerables ocasiones con miembros tanto de la Administración del expresidente Donald Trump como de la de Biden para que el nombre de Shabab no caiga en el olvido. “He explicado su caso un billón de veces a diferentes personas por teléfono y videollamada. He dedicado mi vida a esto durante los últimos siete años y ahora todos fingen que no saben quién es”, relata entre indignado y contrariado.

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Irán ha sido acusado de usar a presos extranjeros o con doble nacionalidad como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros países, una práctica calificada de “diplomacia de los rehenes” por organizaciones de derechos humanos.

La acusación de espionaje contra Shabab es “absurda”, cuenta Darian, ya que su padre es solo un capitán de barco jubilado que se mudó a EE.UU. con su familia en busca de una vida mejor. Pero a diferencia de los cinco prisioneros liberados, el Departamento de Estado todavía no ha decidido si cataloga el de Shabab como un caso de “detención arbitraria”.

Esta etiqueta obliga a las agencias federales a redoblar los esfuerzos y priorizar la liberación de alguien que ha sido detenido en el extranjero. El día que se dio a conocer el acuerdo de los prisioneros, Darian pudo hablar por teléfono con su padre desde la cárcel de Evin, en Teherán, famosa por albergar a presos políticos y por las torturas que se llevan a cabo en su interior. “Se siente traicionado y abandonado. Siente que el Gobierno estadounidense no ve digno luchar por él”, revela.

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Durante esa llamada, Shabab intentó disuadir a su hijo para iniciar una huelga de hambre, pero Darian desoyó los consejos de su padre. Lleva cinco días sin ingerir alimentos y subsistiendo a base de agua y refrescos. Pasa los días sentado en una silla de camping bajo una lona roja con pancartas que exigen la liberación de su padre y duerme por las noches dentro de su carro estacionado en la calle.

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