El senador Iván Cepeda, víctima en el caso judicial por presunta manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), denunció este miércoles 1 de noviembre de 2023 que la Fiscalía, que tiene en su campo el acusarlo, está favoreciendo "un escenario de impunidad" a favor del exmandatario.

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Esto porque después de que el pasado 6 de octubre la Justicia le dijera por tercera vez a la Fiscalía que hay razones para que presente cargos en contra de Uribe, el ente acusador aún no lo ha hecho y asegura que está aún adelantando "una serie de actos de investigación complementarios".

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificara la decisión de otro juzgado de que la Fiscalía no podía precluir el caso en contra de Uribe, Cepeda y su abogado, Reinaldo Villalba, pidieron a este ente que nombrara un nuevo fiscal ad hoc y presentara "sin más dilaciones" el escrito de acusación en contra del presidente, algo que casi un mes después aún no ha hecho.

La Fiscalía ha designado a un tercer fiscal para este caso que le ha comunicado a Cepeda y a su abogado que se encuentra analizando el expediente y adelantando “una serie de actos de investigación complementarios para adoptar la decisión que en derecho corresponda”.

Sin embargo, según la defensa de Cepeda, el término para investigar ya venció y "la investigación, en esta etapa procesal, se encuentra perfeccionada", por lo que después de que dos jueces hayan negado dos intentos de preclusión, "el robusto material probatorio que obra en el expediente es más que suficiente para presentar escrito de acusación".

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"La Fiscalía General de la Nación busca una vez más propiciar un escenario de impunidad a favor del imputado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no tiene un propósito distinto a presentar una tercera solicitud de preclusión y sumar tiempo para que la acción penal prescriba", consideraron Cepeda y su abogado.

Por ello, presentarán una acción de tutela ante la Justicia contra la Fiscalía porque consideran que "esta determinación violenta el debido proceso y lesiona los derechos de las víctimas a obtener verdad y justicia".

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

Uribe dejó su escaño para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria y entonces la Fiscalía -acusada de estar liderada por una persona leal al expresidente uribista Iván Duque- decidió que no había pruebas para perseguir judicialmente al expresidente.

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Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que ha sido negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como ahora por el Tribunal Superior de Bogotá.

El caso que le concierne es porque las víctimas consideran que Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, fue a sobornar a testigos en el caso de Cepeda, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo.

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