La convención que redacta la nueva Constitución chilena aprobó en la madrugada del jueves l17 de febrero de 2022, la iniciativa de que Chile se convierta en un "Estado regional", un artículo que todavía debe sortear otra votación y que implicaría un paso histórico hacia la descentralización del país.

"Tras más de diez horas, finaliza la votación en general del informe de la Comisión de Forma de Estado", anunció la cuenta de Twitter oficial de la Convención Constituyente.

De los 36 artículos que conformaban el documento, el pleno aprobó 28, entre ellos uno que establece que Chile pasa a ser un "Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomos, en un marco de equidad y solidaridad".

La norma contó, que con 112 votos a favor, 32 en contra (la mayoría del oficialismo de derecha) y 8 abstenciones, está pendiente de ser votada de nuevo el viernes 18 de febrero en el pleno para ser oficialmente incorporada al texto de la nueva ley fundamental.

"Este es un paso clave en la redistribución del poder político en clave territorial, uno de los anhelos más sentidos del proceso constituyente", señaló el ex vicepresidente de la convención, Jaime Bassa.

"Es el paso más grande que se ha dado en equidad y justicia territorial en las últimas décadas", agregó por su parte Mauricio Daza, abogado y constituyente por la austral región de Magallanes.

Fue rechazada, en cambio, la idea de que las diferentes regiones tengan un poder legislativo propio.

La descentralización es uno de los temas más reivindicados en los últimos años en Chile, una angosta franja de tierra dividida en 16 regiones que concentra en Santiago más de 8 de los 19 millones de habitantes del país, todas las instituciones y gran parte del poder económico.

La mayoría de la sociedad ve en la nueva Constitución una oportunidad para cambiar este modelo y también para reconocer las diferentes culturas y pueblos originarios que habitan el territorio y que, hasta ahora, no estaban incluidos en la Carta Magna.

La Convención, de tendencia progresista y con gran presencia de ciudadanos independientes, tiene la tarea de redactar la primera Constitución que surge de un proceso plenamente democrático en Chile y la primera redactada por un número equilibrado de hombres y mujeres en el mundo.

El proceso nació como vía política para desarticular la ola de masivas protestas que comenzó en 2019, una crisis que dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos y removió los cimientos de Chile, uno de los países más estables de América Latina.