El periodismo y la libertad de prensa están bajo ataque en Centroamérica con el asesinato de informadores, la persecución judicial contra estos profesionales, la confiscación de medios y los obstáculos para acceder a la información de carácter público.

Centenares de periodistas se han visto obligados al exilio o son víctimas de ciberataques y estigmatización en países centroamericanos, constituyendo este contexto un grave peligro para las democracias como ha alertado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros gremios regionales.

Cuatro periodistas han sido asesinados entre 2022 y lo que va de este año en Honduras, dijo  el director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Saúl Bueso. Esta cifra se eleva a 98 si se retrocede hasta 2001.

"Hay una enorme impunidad" porque el porcentaje de personas sentenciadas por estos casos es "mínimo" en Honduras, afirmó Bueso.

A esta situación de violencia homicida contra los informadores, única en la subregión, se suman las "preocupantes amenazas veladas y directas" a la libertad de expresión a través de leyes que la limitan y atentan contra los periodistas y dueños de medios, dijo el director de C-Libre.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras ha denunciado que la prensa hondureña es víctima de una "violencia extrema".

En Nicaragua, casi 200 comunicadores se han ido al exilio en los últimos años mientras que 23 fueron desnacionalizados, despojados de sus bienes y declarados "traidores de la patria" por las autoridades, según cifras del movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

El Gobierno de Daniel Ortega ha ocupado y usa las instalaciones del diario La Prensa, del canal 100 % Noticias, de las revistas digitales Confidencial y Niú, y de los programas televisivos "Esta Semana" y "Esta Noche".

"La dictadura realmente ha minado la labor periodística y ha obligado a muchos colegas a abandonar la profesión", dijo la periodista excarcelada, exiliada, desnacionalizada y confiscada de sus propiedades en Nicaragua, Lucía Pineda Ubau.

El Periódico, uno de los medios impresos más importantes de Guatemala, cerró definitivamente el pasado 15 de mayo tras la encarcelación en julio de 2022 de su presidente, José Rubén Zamora Marroquín, quien enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero.

La captura de Zamora ocurrió tras publicar artículos críticos de la gestión del presidente Alejandro Giammattei, durante la cual al menos 12 periodistas han salido al exilio por persecuciones penales que van desde una supuesta obstrucción de la justicia hasta cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

La periodista y directora del programa radial de análisis y debate Con Criterio, Claudia Méndez Arriaza, dijo  que durante el Gobierno de Giammattei el derecho penal se ha convertido en la amenaza más grande y grave para todos los periodistas en el país.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) cifra en 611 los casos de agresión a la prensa desde que en junio de 2019 asumió el Gobierno Nayib Bukele, que mantiene una agria relación con la prensa crítica.

La APES señala "reformas jurídicas que deterioran el ejercicio periodístico", la salida "forzada" de 11 periodistas y el espionaje de una treintena de informadores con el software Pegasus.

A mediados de abril, el medio digital El Faro anunció el traslado de su parte administrativa a Costa Rica, mientras que tres radios comunitarias fueron cerradas por las autoridades entre 2021 y 2022 con el argumento de aspectos técnicos, dijo a EFE Lilian Vega, directora de Radio Bálsamo RTV, un proyecto comunitario del central departamento de La Libertad.

En Panamá, el secuestro de bienes y demandas civiles y penales onerosas contra el diario La Prensa y el medio digital Foco, además de periodistas de otros medios, demuestran "el uso del sistema judicial para silenciar a los críticos", como han denunciado los gremios de periodistas.

"Nuestra principal amenaza es lo que hemos denominado terrorismo judicial (...) lo que realmente causa autocensura en los periodistas es el miedo a ser demandados, porque las cifras se van acumulando y cuando vienes a ver tienes 10 millones de dólares en demandas que no tienes la menor idea de cómo la vas a pagar", dijo a EFE la directora editorial de La Prensa, Rita Vásquez.

Ya hay iniciativas en el Parlamento de Panamá para despenalizar la calumnia e injuria, que ha sido la base para las demandas, y para cambiar una ley de protección de datos que sirvió para multar a La Prensa por publicar una foto del diputado oficialista Benicio Robinson sin su permiso. Ninguna avanza aún.

En Costa Rica no hay periodistas encarcelados ni una persecución judicial contra medios, pero sí ha habido ataques verbales del Gobierno y del propio presidente, Rodrigo Chaves, contra tres medios críticos.

La SIP dijo el pasado 25 de mayo que un fallo de la Corte Constitucional de Costa Rica contra el presidente Chaves por atacar verbalmente a periodistas es un "antecedente prometedor" contra la práctica de estigmatizar a la prensa desde las esferas del poder.