La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) calificó de gravísima la irrupción de policías en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, y tildó esa operación como un acto fascista.

"La violación de la Embajada de México en Ecuador es un acto fascista de extrema gravedad que atenta contra las relaciones diplomáticas y el derecho internacional", señaló la Conaie, la organización social más importante del país y altamente crítica con la gestión del presidente ecuatoriano, el empresario Daniel Noboa.

"Las embajadas representan la soberanía de los países que las albergan y están protegidas por el principio de inviolabilidad consagrado en la Convención de Viena", recordó la Conaie en un mensaje por redes sociales y dijo que también podría mostrar un "desprecio absoluto por las normas internacionales".

"Es preocupante observar cómo el Gobierno autoritario y fascista de Ecuador recurre a la fuerza para asegurar sus trofeos políticos", agregó el grupo indígena que teme un efecto nocivo en las relaciones entre México y Ecuador.

Esa operación de fuerza "también envía un mensaje peligroso a la comunidad internacional", concluyó.

La irrupción policial en la Embajada mexicana en Quito se dio un día después de que el Gobierno ecuatoriano declarara "persona non grata" a la embajadora mexicana en Quito, Rauel Sesur, por unos comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las aparentes consecuencias electorales de ese crimen.

El Gobierno de Ecuador invocó el principio de "no intervención" en asuntos internos de otro país y la convención de Viena para tomar la medida diplomática que implica la salida del país de la embajadora.

Asimismo, justificó la operación policial de irrupción en la sede de la representación mexicana en Quito al opinar que toda embajada "tiene una sola finalidad, servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países".

"Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político", aseguró el Gobierno de Quito y recordó que Glas "ha sido condenado con sentencia ejecutoriada (en firme) y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes".