A esta hora la Fiscalía General del Estado desarrolla, por separado, audiencias de formulación de cargos en contra del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales; y el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz.

Ambos fueron detenidos en un operativo desplegado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria anunciada hace dos días por la Fiscalía que, desde esta madrugada del miércoles ejecutó una operación para allanar varios inmuebles en Pichincha y Guayas, por casos relacionados a la comisión de presuntos delitos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

Morales y otras siete personas, entre ellas, el exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Luis J., se enfrentarían a un proceso penal por el presunto delito de tráfico de influencias. La diligencia se desarrolla en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por el fuero de Corte que goza el prefecto. La Fiscalía informó inicialmente de la detención de doce personas, en veintitrés allanamientos que se desarrollaron en Guayaquil, lo que permitió recabar indicios como mascarillas y pruebas rápidas para Covid-19, insumos médicos que forman parte de la investigación.

“Esta operación se ejecutó de manera simultánea con el apoyo de la Policía Nacional y forma parte de las investigaciones por presuntos delitos de peculado (en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo) y tráfico de influencias (en la Prefectura de Guayas), en procesos de contratación durante la emergencia sanitaria”.

Uno de los allanamientos se ejecutó en el domicilio del expresidente Bucaram, donde se encontró un arma de fuego con 200 cartuchos 9mm, cuya tenencia legal no pudo justificar, por lo que fue detenido. La Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter de la instalación de la audiencia de flagrancia, en la Unidad Judicial del Cuartel Modelo, donde está siendo procesado por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.

El artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona el tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas señala que la persona

que dentro del territorio ecuatoriano desarrolle, produzca, fabrique, emplee, adquiera, posea, distribuya, almacene, conserve, transporte, transite, importe, exporte, reexporte, comercialice armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, sin autorización de la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La persona u organización delictiva que, patrocine, financie, administre, organice o dirija actividades destinadas a la producción o distribución ilícita de armas, municiones o explosivos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

En el caso de que estas sean químicas, biológicas, toxínicas, nucleares o contaminantes para la vida, la salud o el ambiente, la pena privativa de libertad, será de diez a trece años.

Hasta el cierre de esta edición las audiencias continuaban en ambas unidades judiciales, hasta donde llegaron familiares, amigos y allegados de los detenidos.