Más de mil migrantes venezolanos que viven desde hace más de dos años en la provincia de Cotopaxi han decidido tomar acciones ante las acciones delincuenciales atribuidas a sus connacionales. Mediante asambleas han resuelto identificar a quienes les están haciendo quedar mal. En caso de conocer que sus compatriotas están cometiendo ilícitos han decidido que serán entregado a las autoridades.

Mercis Estrada, coordinadora Provincial de la Organización Migrantes Sin Fronteras, indicó que una vez que se conoció la resolución de la organización indígena Jatarishun de Saquisilí sobre la expulsión de los extranjeros de su territorio inició una mesa de diálogo para llegar a acuerdos.

El pasado martes 21 de noviembre en el Municipio de Saquisilí se reunieron varias organizaciones. Entre ellas la Defensoría del Pueblo, Acnur, Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Jatarishun y Ministerio de la Mujer.  Ellos establecieron una agenda de trabajo en la que se incluye una mesa de diálogo denominada por “La paz y el respeto”. Lea además: "Las decisiones migratorias de Perú hallan eco en Saquisilí y Pelileo"

En Saquisilí se instalaron alrededor de 128 personas de nacionalidad venezolanas. Para su tranquilidad una de las resoluciones de la mesa de diálogo fue la de desistir de la expulsión de extranjeros de ese cantón. Por esa razón la dirigencia de Jatarishun mantendrá reuniones con sus bases para frenar esta actividad.

La Organización Migrantes Sin Fronteras cuenta con una base de datos de ciudadanos venezolanos que viven más de dos años en el país. Esa información les permite conocer a que actividades se dedican para subsistir, si su estadía es legal o ilegal, cómo se compone el núcleo familiar, entre otros temas. 

Es una base de datos que no se compartirá porque les permite conocer la realidad de sus connacionales. Una de las medidas que han tomado como organización es que deben obtener una certificación de no poseer antecedentes penales para realizar el tramite de la visa. La siguiente resolución es que a través de asambleas indicarán las normas de convivencia en el país, instrumentos jurídicos sobre sus derechos y obligaciones.

La medida mas importante es que entre venezolanos estarán pendientes de identificar a quienes cometen actos ilícitos. Una vez identificados serán entregados a las autoridades para que determinen la situación legal en el país.

“Existen unos pocos venezolanos que pretenden hacer daño y nos hacen quedar mal a todos”, dijo Estrada. En Cotopaxi viven desde hace más de dos años mas de 1.200 venezolanos. Se distribuyen en La Maná mas de 130 familias, Salcedo 60, Saquisilí 128, Sigchos 10, Pujilí 20 y Latacunga 680 familias. 

Romel Tupiza, delegado de la Defensoría del Pueblo en Cotopaxi, explicó que es importante realizar mesas de dialogo para tener una mejor convivencia, por lo que continuarán con esos espacios. Se auto convocaron para el 5 de diciembre para tratar el tema de seguridad.

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