La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene algunas solicitudes de juicios políticos por tratar, que fueron calificadas por el Consejo de Administración Legislativa como filtro previo. 

Una es sobre la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentada el 27 de noviembre de 2023 por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) bajo el supuesto incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley.

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La presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre, del correísmo, no firmó la solicitud. En el actual período de la Comisión se presentaron tres pedidos de juicio: al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite; al exministro del Interior, Juan Zapata; y a la fiscal. Otros son de la anterior administración.

La Comisión debe tratar los pedidos de juicios conforme concluyen, no se pueden abordar dos al mismo tiempo, según Aguirre. Detalló un calendario de fechas aproximadas. Predefinió convocar a sesión y avocar conocimiento del juicio de la fiscal hasta el 29 de marzo.

Ramiro Vela, integrante de la Comisión y legislador de Acción Democrática Nacional (ADN), dijo que al concluir el juicio al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y al exvocal Juan José Morillo, debería seguir la sesión para tratar el juicio a Santos Alvite, “es lo que estoy pidiendo”. “Estos juicios políticos todavía no han sido conocidos por la Comisión”, aclaró Aguirre al reiterar que no puede adelantar criterios.

En la solicitud de juicio a la fiscal se mencionan algunas supuestas omisiones. “Durante todo este tiempo la Fiscalía no ha implementado ninguna política pública seria de investigación del narcotráfico, del crimen organizado”, consta en el documento. 

Además, se citan 10 casos de investigación para respaldar el juicio, como el caso Sobornos, en el que uno de los sentenciados por cohecho es Rafael Correa. Allí, señalan a la fiscal por supuestamente incumplir el Código Orgánico de la Función Judicial al no garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados en indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública.

Un juicio se califica o se archiva con cinco votos en la Comisión. Vela recalcó que si se califica o no el juicio, dependerá de las pruebas de cargo y descargo. Evitó expresar su posición, pero aseguró que “la bancada de ADN está en total lucha contra la corrupción”.

Añadió que, si la fiscal puede presentar todas las pruebas, no habrá inconveniente en seguir apoyando su trabajo. “En el caso Metástasis hay varios funcionarios de diferentes instituciones, incluso políticos involucrados, y esto tiene que ir caminando de la mano”, refirió. En ese caso, según la Fiscalía, se investiga la corrupción sistemática en la Función Judicial.

El constitucionalista Esteban Polo evaluó que hay tres grupos de acusaciones que no se relacionan con el ejercicio del cargo de la fiscal: como el proceso de su designación; cuestiones de seguridad pública y ciudadana, que no dependen de la Fiscalía sino del Ejecutivo; y alegaciones sobre una supuesta selectividad en la justicia. Polo duda de la solidez de los argumentos y las pruebas anunciadas para acreditar el supuesto incumplimiento de funciones.

Para el experto, Fiscalización está apresurando los juicios para llegar al de la fiscal, pero será el Pleno de la Asamblea el que decida la destitución o archivo del juicio. Cree que este juicio prosperará porque la fiscal ha estado en la “intención política” de “determinado sector político”. 

Otro elemento a considerar, dijo, es el avance del caso Metástasis y su eventual etapa de juicio, “habrá que ver el contexto jurídico y político, y si esto repercute en los ánimos de la Asamblea”.

En Metástasis, la Fiscalía reveló chats que mencionan a Correa en conversaciones entre Leandro Norero y Xavier Jordán. “Debemos garantizar a la gente que un juicio político no se convierta en una venganza sino que existan argumentos técnicos”, aseguró Aguirre.

Comisión debe emitir informe

Esta etapa existe si se califica el juicio político. Se requieren cinco votos para aprobar el informe que recomiende continuar el juicio o archivarlo. Si no hay los votos, cada legislador de la Comisión emite un informe de su postura. El documento llega al Pleno de la Asamblea y, si se aprueba seguir con el juicio, se necesitan 70 votos para destituir a la fiscal.

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