Diligencia. El subsecretario jurídico de la Presidencia, Vicente Peralta, a la salida de la diligencia ayer en Quito.

Otro marino corre el riesgo de ser sancionado

Ese es el ‘marcador’ de las acciones de protección interpuestas por militares contra las reformas al sistema de seguridad social de las FF. AA. y la Policía que se tramitan en la Asamblea.

Cero y van tres. Ese es el ‘marcador’ de las acciones de protección interpuestas por militares contra las reformas al sistema de seguridad social de las FF. AA. y la Policía que se tramitan en la Asamblea. Ninguna ha sido aceptada por los jueces.

Ayer, la jueza Ana Lucía Cevallos no dio trámite al recurso presentado por el capitán de corbeta, en servicio activo, Vinicio Ortega. Él pretendía impugnar el informe para primer debate elaborado por la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Legislatura. Solicitaba, además, que se deje sin efecto el proyecto de ley.

Es la segunda ocasión que Cevallos niega una acción de protección al militar.

Aunque en esta ocasión el argumento fue diferente. Vicente Peralta, subsecretario jurídico de la Presidencia y representante del Ministerio de Defensa, explicó a EXPRESO que la acción fue rechazada por “improcedente”.

“Se pretendió que la jueza limite las atribuciones constitucionales del presidente de la República y de la Asamblea Nacional para presentar y tramitar una ley. Eso es antidemocrático e inconstitucional”, dijo al finalizar la audiencia.

No fue lo único que resolvió la jueza. Peralta contó a este Diario que la magistrada dispuso, además, que el abogado Xavier Mejía –defensor del capitán Ortega–, comparezca ante el control disciplinario del Consejo de la Judicatura, por patrocinar esta acción.

El oficial también corre el riesgo de ser sancionado. Peralta dijo, que como abogado del Ministerio de Defensa, solicitará que se revise su conducta. “Lo hecho por el oficial desdice de su condición de militar. Quiso irse contra la Constitución, que juró defender y respetar”, aseveró el funcionario.

Ortega también presentó una acción de protección para que los comandantes de las Fuerzas Armadas puedan participar en el debate de la ley en la Asamblea. Fue negado.