Ni aun en estado de excepción, tal cual ahora vivimos en razón del sismo que afectó al Ecuador, se podrán dejar de observar los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.
No tiene razonabilidad, no guarda proporcionalidad y por tanto tampoco legalidad, la sentencia a cuatro años de prisión recientemente dictada contra dos ciudadanos saraguros que, al igual que muchos otros ecuatorianos, participaron en protestas públicas durante el paro nacional de agosto del año pasado.
Es relevante destacar que de todos los apresados (122 personas en su momento) en relación con las mencionadas protestas, un 87 % eran indígenas, circunstancia que ha motivado la movilización de sus organizaciones para presentar denuncias de persecución política y criminalización de la protesta social, en diversas instancias nacionales e internacionales.
Igualmente es necesario hacer constar que durante el bloqueo de la vía principal Cuenca-Loja se produjeron 29 detenciones de habitantes de Saraguro que, según las autoridades policiales, habían agredido, incluso retenido, a miembros de las fuerzas de seguridad que intentaban reprimirlos.
Siendo siempre repudiable la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y sin negar la obligación de todos de respetar el orden legalmente constituido, es innegable que en múltiples ocasiones, tal cual lo han reseñado diversos organismos internacionales defensores de la vigencia de los derechos humanos, “se vulneran las garantías judiciales en la utilización del derecho penal para neutralizar a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos”, y también es notable la impunidad en relación a las agresiones de que han sido víctimas.”
Se establece asimismo, y es intolerable que ocurra, “la ambigüedad de los tipos penales que abre un margen de discrecionalidad y arbitrariedad que se utiliza para procesar a líderes sociales como terroristas”.
Más allá de estas observaciones, la ciudadanía compara la impunidad de que gozan muchos acusados de corrupción y la evidente desproporción de las penas que reciben cuando no logran esquivarlas.
En el ambiente de crisis que se vive, bien harían los administradores de justicia en no contribuir con sus desproporcionadas sentencias a la alteración de la paz social.
