“Un juez debe decidir sobre el contrato”
El vicealmirante (r) José Noritz Romero dialogó con EXPRESO sobre la negociación de las 220 hectáreas que hizo el Issfa con Ambiente, en 2010. El contrato lo firmó él como representante de la entidad de seguridad social. El oficial recuerda que esa transferencia truncó un megaproyecto de vivienda para los militares, que debía desarrollarse en 372 hectáreas del sector que hoy ocupa el parque Samanes.
La venta se concretó por $ 48’220.391,81. ¿Cómo se acordó ese precio?
El Ministerio de Ambiente lo plantea con un avalúo hecho por la Dinac. No queríamos vender porque teníamos un mejor proyecto que nos iba, primero, a satisfacer las necesidades básicas de vivienda de nuestra gente. Este era un proyecto para 15.000 viviendas que se debía desarrollar en 20 años, que siendo optimistas al final podíamos recibir una utilidad de $ 450 millones; y siendo pesimistas, $ 280 millones.
En la negociación para la venta, se habló de posibles compensaciones para el Issfa. ¿Qué pasó con ese ofrecimiento?
Eran 7.000 bonos de vivienda para los militares, pero eso quedó en nada, no se dio. En la sesión extraordinaria en la que el Consejo Directivo resolvió aceptar la propuesta del Ministerio de Ambiente, se dijo que el Issfa recibiría 32,5 hectáreas urbanizadas en áreas aledañas. Ese era el compromiso. ¿Qué íbamos a hacer si el ministro Ponce cumplía su ofrecimiento? Una vía de ingreso y dejábamos solucionada la necesidad de vivienda para nuestras tropas.
¿Y qué pasó al final con esa oferta?
Nunca se cumplió.
Usted ve factible hacer hoy modificaciones o rectificaciones al contrato de compraventa?
Aunque tengo formación jurídica no me atrevo a decirlo, porque es un juez quien tiene que decir si ese contrato estuvo bien o mal.
¿El Ministerio de Ambiente pidió el avalúo de la Dinac?
Fue por pedido de ellos. Nosotros nunca lo pedimos porque nuestro interés no era negociar.
¿Las cláusulas del contrato permiten que se puedan hacer cambios o rectificaciones con respecto al precio?
Así es. Pero lo que hay que ver es si este contrato caducó o no. Si no caducó, hay que hacer las revisiones; pero estas deben ser por mutuo acuerdo. Si no lo hay, las instancias de ley señalan cuáles son los procedimientos. Este contrato puede declararse nulo, regresar a cero, comenzar con los avalúos del 2010 con precios razonables que cubran las expectativas de las dos instituciones. El gran problema aquí es que un jefe del Comando Conjunto y comandantes generales de fuerzas, por una cuestión que no tiene nada que ver con el asunto jurídico, hoy tienen otro camino por una disposición.