El barullo político gusta referirse a los paraísos fiscales como si fueran sitios de perdición. Toda vez que “paraíso fiscal” es cualquier jurisdicción donde los impuestos son más bajos que en el Ecuador, en la república socialista, quien no es adicto a la “impuestomanía” es un perdido.
El esfuerzo fiscal mide la capacidad del Gobierno para recaudar impuestos, capacidad que depende tanto de la estructura tributaria como de la eficiencia de la autoridad para cumplir con su cometido.
Los rubros de impuestos incluyen el consumo (ICE), valor agregado (IVA) y renta (IR); a la propiedad y la exportación de capitales (ISC); al patrimonio, los legados y la plusvalía; y al comercio exterior (aranceles y salvaguardas). La carga fiscal es de alrededor del 18 % del PIB y si se añade la seguridad social y los impuestos municipales (catastro), esta es superior al 25 % del PIB.
¿Quiénes pagan los impuestos? La respuesta corta es todos los ecuatorianos, pero hay una altísima concentración en las contribuciones. A inicios del Gobierno RC, del 100 % de las recaudaciones de IR el 95 % lo aportaban las empresas y el 5 % los contribuyentes individuales. De estos totales, el 1 % de las empresas pagaba el 87 % y el 1 % de las personas el 61 %. No obstante haberse ampliado la cobertura, en general, los que ya pagan siguen siendo los mismos. La extrema concentración causa que la estructura sea altamente vulnerable, requiriendo una constante alimentación de cargas adicionales para su sustento. Por ello han sido necesarias reformas incontables a la ley y a los reglamentos, ajustando las normas al punto de estas tornarse absurdas y técnicamente incompetentes.
La carga tributaria abarca todas las manifestaciones de la vida económica de los ciudadanos y tiene incidencia universal. La economía es una serie de cadenas de valor agregado y los impuestos, al bloquear los flujos naturales del mercado, tienen efecto inmediato sobre la distribución de los recursos: las inversiones se detienen, sufre la producción, los productores optan por volverse rentistas del Gobierno, se extraen recursos del público para ser malgastados, y los grupos económicamente más vulnerables sufren por causa de la carestía inducida, por la limitación de la oferta, y más que nada por la eliminación de las oportunidades de empleo.
Un régimen tributario apto debe basarse en normas de facilidad de administración, comprensión y entendimiento del mercado, cargas equivalentes en los diferentes rubros, alta cobertura, propósitos claros, y gobierno responsable. El impuesto a la renta debe ser sobre la renta; los capitales deben fluir libremente, excepto por las restricciones que se establezcan contra los flujos especulativos o de dudosa reputación; las salvaguardas deben ser desmanteladas; la plusvalía no puede ser apropiada por el Gobierno central; y se debe revisar toda la estructura de punta a punta para hacerla racional, técnicamente apta, efectiva, equitativa, y basada en las mejores prácticas.
Es necesario salir del infierno fiscal que se vive en el Ecuador de 2016, pues no es tan solo la antítesis de la razón en materia tributaria, sino el factor determinante de la recesión que se vive. colaboradores@granasa.com.ec
