El pasado 13 de septiembre de 2023, el juez Luis Lucero Loayza, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Huaquillas, provincia de El Oro, aceptó una acción de protección de tres policías que habían sido desvinculados en el año 2000.

A los exmiembros policiales les dieron la baja por mala conducta profesional (haberse desviado de la misión institucional). Se abrieron procesos judiciales en su contra por presunto delito de decomiso y presunta pérdida de droga. Fueron detenidos en junio de 1998, procesados y posteriormente sobreseídos, según consta en el sistema de la Función Judicial.

Cerca de 25 años después de los hechos y 23 años de la desvinculación, el juez ordenó la reincorporación y reparación económica para los tres exuniformados que solicitaron la acción de protección en junio de 2023. Deben regresar a pesar de que sus compañeros de promoción ya no están activos. Además, deben recibir reparación económica desde el año 2000. Solamente con el cálculo de una mensualidad de 1.000 dólares por cada uno, a la Policía le correspondería pagarles a los tres casi un millón de dólares.

(Le invitamos a leer: Policías y militares intervienen el pabellón 4 de la Penitenciaría del Litoral)

En 2008 el caso conocido como Notario Cabrera llevó a la separación de un uniformado por mala conducta profesional. El 1 de septiembre de 2023 un juez de Balsas, en El Oro, le concedió una acción de protección. Ordenó el reintegro inmediato, con el cargo, rango y función que su grado ostentaba 15 años antes del cese de funciones y a ser considerado como miembro activo hasta el 24 de septiembre del 2021 en que culminó su promoción. Por los sueldos que dejó de percibir, la Policía deberá pagar un valor superior a 360 mil dólares.

Como ellos, en los últimos cuatro años los jueces de distintas jurisdicciones han dispuesto el retorno de 322 uniformados que salieron por: separación inmediata y definitiva, destitución, por no cumplir los requisitos para el ascenso, por declararse mala conducta profesional, sentencias de tribunales de disciplina, condenas ejecutoriadas, sentencias que les inhabilitaron, por ausentarse ilegalmente más de 11 días, entre otras causas.

La mayoría de accionantes están en la provincia de Pichincha: 124 casos. Le siguen Santo Domingo y Guayas, con 51 y 50 casos, respectivamente. En El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí hay 63 casos, y reincorporaciones también en las demás provincias.

(También, le puede interesar: Quito: Tres policías fueron asaltados en Chillogallo)

Entre 2013 y 2023 fueron separados 1.274 uniformados, según las cifras de la Policía. De ellos, más del 93 % fueron cesados en el gobierno del expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia.

El comandante de la Policía Fausto Salinas (removido el 7 de octubre) reconoce que “hay indemnizaciones millonarias que los jueces ordenan, o que policías con (registro) histórico de mal comportamiento en un lugar se queden en esa provincia”.

Además menciona que algunas resoluciones vienen de jueces de provincias que no tienen relación al sitio donde vive el uniformado o no tienen conocimiento de la normativa, pero usan “de manera inadecuada esos recursos para beneficiar de manera sospechosa a algunas personas”.

(Puede encontrar: Guayaquil: Balacera entre policías y asaltantes deja dos heridos)

En 2022 fueron cesados cuatro agentes por participar en presunto tráfico de drogas. Un año después un juez ordenó su reincorporación.

De los reintegrados han existido quienes volvieron a incurrir en ausencia ilegal a pesar de haber recibido nuevas asignaciones, por lo que la Policía volvió a abrirles nuevos expedientes disciplinarios.

En otro caso, con un amparo constitucional de 2008, otro juez dispuso el retorno de dos agentes. Uno nunca se presentó a la institución y fue dado de baja ante la ausencia ilegal. Después de 15 años ordenó el reintegro y su reparación integral.

(Le puede interesar: Desclasificar el caso Villavicencio está a la espera de la Secretaría de Seguridad)

En 2015 un policía fue dado de baja por robo. Fue sentenciado con un año de cárcel que no cumplió. Prescribió su ejecución en el tiempo y este año un juez dispuso su reintegro. El juez Ernesto Zhigue, de Puebloviejo en la provincia de Los Ríos, es uno de los que conceden las acciones de reintegro.

El exjuez Luis Fernández cree que hay un abuso del derecho de los accionantes y los accionados, y que también influye la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “que deja abiertos mecanismos para que se cometan ese tipo de abusos. Le faltó a la Corte indicar los direccionamientos exactos para que no existan estos abusos”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!