Nada está dicho. Luego de que la mesa de Fiscalización de la Asamblea Nacional culmine la etapa de práctica de las pruebas con los alegatos finales de los proponentes del juicio político y la defensa del presidente Guillermo Lasso, una nueva fase de espera se abrió en el proceso de control político.

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Desde el 26 de abril de 2023, según confirmó el despacho de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la mesa legislativa, empezaron los 10 días improrrogables para que la comisión elabore y remita a Virgilio Saquicela, titular de la Asamblea, el informe con la recomendación o no del juicio político en contra del mandatario.

Este documento, según explica el constitucionalista Ismael Quintana, no es vinculante para el Pleno del Legislativo. Es decir, que los asambleístas no están obligados a cumplirlo, pero sí a votar sobre su contenido.

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“El informe solo tiene dos efectos, recomendar el juicio político o el archivo del proceso. No es vinculante. Es meramente referencial sobre los hallazgos para los legisladores”, hace hincapié el jurista.

El documento, según continúa, rescatará las pruebas y comparecencias, tanto de cargo como de descargo, que justifiquen la recomendación que decidan los asambleístas de la mesa de Fiscalización para el conocimiento del Pleno.

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Sin embargo, también hace ciertas precisiones: “El trámite específico del juicio político a un presidente de la República no establece la posibilidad de informes de minoría. Si Fiscalización no decide nada, será el Pleno que tome la decisión”.

Pese a que el informe no es vinculante, según recuerda el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, cuando el juicio político al mandatario llegue al Pleno, que contando a partir del 27 de abril de 2023, sería máximo el 16 de mayo de 2023, los asambleístas sí deberán modular sus argumentos.

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“El Pleno aún deberá ceñirse al dictamen de la Corte Constitucional”, señala el legislador del movimiento Pachakuitk quien, además, sostiene que los hallazgos de los integrantes de la mesa de Fiscalización servirán para fortalecer las tesis que lleven los asambleístas de las diferentes bancadas legislativas.

Dicho pronunciamiento de la Corte, aprobado el 29 de marzo de 2022, inadmitió las dos causales de concusión imputadas al presidente y solo dio paso a la relacionada con el presunto delito de peculado que señala un presunto perjuicio de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) en su contrato con el consorcio Amazonas Tanker Pool.

Luego que la Comisión de Fiscalización elabore el informe, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, tendrá tres días para difundir el documento al resto de legisladores para que, posteriormente, tengan 48 horas para enterarse de los hallazgos de la mesa legislativa en el proceso.

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Hecho esto, en un plazo máximo de cinco días, el presidente Saquicela deberá ubicar el juicio político en el siguiente orden del día para la intervención de las partes, el debate legislativo y, luego de otros cinco días más, votar la censura y destitución de Guillermo Lasso.