El ataque como defensa. La asambleísta Mireya Pazmiño, una de las proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lasso, denunció este 26 de abril de 2023 al mandatario en la Fiscalía General del Estado por presunto peculado, la misma causal del proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional.

¿Cuál es la prueba? Según la legisladora, el propio dictamen con el que la Corte Constitucional (CC) admitió el trámite del juicio político para determinar la responsabilidad política. “Pero ellos (la CC) ya motivaron el delito de peculado”, dijo.

Lasso no es el único denunciado. La asambleísta rebelde de Pachakutik y cercana al correísmo pide que se investigue también a Hernán Luque Lecaro (expresidente de las Empresas Públicas); su cuñado, Danilo Carrera; el exsecretario de la Administración, Iván Correa, entre otros.

(Le puede interesar: Veloz: ¿qué le consta de 'Flóped'?)

En su escrito, Pazmiño pide la ejecución de varios actos urgentes. Adjunta el cuestionado contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tankers, que motivó el juicio político.

También, pone como pruebas el informe de la Contraloría General del Estado que determinó perjuicios en ese contrato y los testimonios receptados en la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político.

El 25 de abril, Fernando Villavicencio denunció a Pazmiño en la Fiscalía por presunta falsificación de documentos y tráfico de influencias. Esto, porque en la Comisión de Régimen Económico, liderada por Pazmiño, se habría aprobado en octubre de 2022 un informe no vinculante que resalta las acciones de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), incluyendo su relación contractual con Amazonas Tankers.

Lo “grave” es que se habría detectado que el informe no se hizo al interior de esa mesa legislativa, sino que lo elaboró el asesor de Pazmiño, Mario Naranjo, hermano de Wilson Naranjo. Ambos estarían relacionados con personajes del mundo petrolero que enfrentan cuestionamientos.

Pide protección especial

Washington Andrade, que se presentó como abogado de Pazmiño, anunció que presentó un pedido para que la legisladora sea incluida por la Fiscalía en el programa de víctimas y testigos.

(Le invitamos a leer: Juicio político: acción de protección en 3, 2, 1...)

Según el jurista, el trabajo que viene ejecutando la asambleísta pone en riesgo su integridad y la de su familia. Habló de mafias relacionadas con funcionarios públicos.

Puso como antecedente el asesinato de Rubén Cherres, que era sospechoso de formar parte de una trama de corrupción, aunque no supo explicar con precisión la relación.