En la Corte Constitucional ya se encuentra ingresado el documento con el segundo pliego de nueve preguntas de consulta popular adicionales a las enviadas el pasado 2 de enero por el presidente Daniel Noboa.

El análisis del primer grupo de preguntas está en manos de la jueza Teresa Nuques, quien preparará el proyecto de sentencia para conocimiento y deliberación del pleno.

Sobre las nuevas preguntas, la constitucionalista Ximena Ron opina que las nuevas interrogantes tienen que ver con reformas constitucionales o con reformas legales. Señala que las que se relacionan con reformas legales entran por el camino de las 11 preguntas iniciales. Lea también: "Corte Constitucional no ha recibido preguntas adicionales de la consulta popular"

Eso significa que tiene que sortearse un nuevo juez y empezar a analizar las preguntas en un nuevo plazo de 20 días. La jueza Karla Andrade será la ponente del segundo pliego de preguntas ingresadas a la Corte Constitucional.

Ron explica que en el caso de las preguntas que implican reformas constitucionales, como el tema de la extradición, estas van a un procedimiento distinto. La Corte Constitucional determinará, a través de un dictamen, cuál es la modalidad de la modificación constitucional: enmienda, reforma o asamblea constituyente.

El organismo tiene 20 días, contados a partir del inicio del trámite, para el control de la constitucionalidad de la convocatoria, el análisis de los considerandos y el cuestionario del proyecto de consulta.

Según la Corte, el análisis de los proyectos por parte de esa instancia comienza con el sorteo del juez ponente y culmina con la aprobación de una sentencia o dictamen por parte del Pleno de este organismo.

Las nueve preguntas nuevas remitidas por el presidente Daniel Noboa consultan a los ecuatorianos si están de acuerdo con permitir la extradición de compatriotas, la enmienda a la Constitución y reformar la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado.

Consulta además si para erradicar la minería ilegal hay que declarar zonas como territorios de interés nacional. También si están de acuerdo con permitir que el presidente pueda calificar de urgentes proyectos de ley que no solo versen sobre materia económica.

Las otras preguntas tienen que ver con la concesión de indultos a policías, militares o guías penitenciarios, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, que el Estado promueva la inversión extranjera y regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas. 

El detalle

Análisis. En el caso de los decretos de estado de excepción firmados por el presidente Daniel Noboa el ponente es el juez Enrique Herrería. 

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