A las 15:00 de ayer miércoles 8 de noviembre, el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera suspendió la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de cohecho que involucra al exministro de Energía Xavier Vera y otros tres sospechosos.

El caso se originó en una noticia del delito de la Fiscalía, generada en una publicación de un medio digital, que daba cuenta del presunto reconocimiento de uno de los implicados que habría entregado dinero a cambio de obtener un puesto en una agencia dependiente del Ministerio de Energía y Minas.

Rivera escuchó las exposiciones de los defensores, la réplica del fiscal subrogante Wilson Toainga y la contrarréplica de los abogados y anunció que analizará sus requerimientos previo a emitir una resolución. (Lea también: "Noboa descarta apoyar un juicio político a la fiscal general y cogobernar con Correa")

¿Qué debe decidir el juez? Rivera debe resolver si declara la nulidad del caso como solicitaron los defensores de los procesados o desestima sus pedidos como requirió el fiscal Toainga y da paso a la sustentación del dictamen. Anunció que responderá de forma motivada y en un tiempo prudencial.

La audiencia duró en total casi tres horas, con dos recesos de cerca de dos horas entre ambos. En la diligencia de ayer, el turno de exponer los argumentos para pedir nulidades fue de David Mesa y Pedro Jerves, defensores del exministro de Energía, Xavier Vera, y de Adrián Zamora, respectivamente.

Los abogados se sumaron al pedido de nulidad del caso que hizo la semana pasada Emiliano Donoso, patrocinador de Allan Velasco. Mencionaron al menos seis razones por las que la causa es nula. Por ejemplo, David Mesa alegó que se dejó en estado de indefensión a Xavier Vera y se violentó el derecho al debido proceso, porque se envió el email de notificación a la Defensoría Pública para que asuma el patrocinio de su cliente luego de tomarse versiones fundamentales. (También le puede interesar: "Pablo Arosemena entra en la lista de juicios políticos de la futura Asamblea")

Indicó que se ha violentado una regla de trámite, porque cuando una persona va a rendir una versión tiene que ser asesorada por un abogado público o privado. Citó el auto del 27 de octubre, que autoriza allanamiento de la habitación 508 del piso 5 de un hotel del norte de Quito, habitación de paso en la que se habría alojado Zamora, que a decir del abogado no fue justificada.

A esa sumó que la Procuraduría General debía presentar la acusación particular porque en el caso de que se determine que exista cohecho, ese organismo debería hacer valer un derecho irrenunciable del Estado.

Añadió la posible vulneración del derecho a la defensa y de ‘meta pericia negada’. El abogado de Zamora mencionó las mismas posibles violaciones mencionadas por Mesa.

Pero el fiscal Wilson Toainga trató de desvirtuar los argumentos, asegurando que no hubo violación al derecho a la defensa cuando los abogados de los procesados no estuvieron presentes en la versión del periodista que había evidenciado el posible delito configurado en la presunta entrega de dinero para ocupar un cargo público en una dependencia relacionada con el Ministerio de Energía y Minas.

Dijo, además, que a Zamora se le consultó si quería dar su declaración ante la Fiscalía como un autoderecho a la defensa. “La Fiscalía no puede impedir que una persona depositaria de una información entregue la misma”, manifestó Toainga, quien insistió que la Fiscalía no le ha obligado a que se autoincrimine, pero reconoció que el sospechoso estuvo retenido hasta que entregue la información.

Negó que hubiesen existido seguimientos previos a los allanamientos, pero al conocer que Zamora estaba en una habitación de hotel se pidió autorizaciones de allanamientos. Se hizo proceso de búsqueda, añadió.

En la contrarréplica, los abogados hicieron notar al juez que “una retención es una coacción y conlleva a la autoincriminación”. El juez se quedó con el expediente para analizar todo lo mencionado por las partes.

En agosto de 2022, el exministro Vera renunció al cargo a pocas horas de los allanamientos que ejecutaron la Fiscalía y la Policía a varios inmuebles relacionados con el exfuncionario en Guayaquil y Quito.

En su cuenta de X (antes Twitter), la Fiscalía informó que se levantaron varios indicios como celulares, una laptop, una tablet y documentos. En el caso de la habitación 508 de un hotel de la capital ahí se alojaba Adrián Zamora, quien habría señalado que el exministro le solicitó $ 150.000 para ocupar un cargo en la Coordinación de Imbabura.

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