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Juez electoral archiva denuncia presentada por Diana Atamaint contra Roberto Aguilar

En la decisión se especifica que la presidenta del CNE no completó y aclaro su denuncia. La acusación era por supuesta violencia política de género

Atamaint- Aguilar- TCE
La decisión del juez Ortega puede ser apelada por la denunciante.Karina Defas / EXPRESO

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, archivó la denuncia que presentó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del periodista y cronista Roberto Aguilar por supuesta violencia política de género.

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La resolución fue adoptada el 30 de noviembre de 2023 y el argumento del juez es que la funcionaria no cumplió con lo dispuesto en el sentido que debía completar y aclarar algunos aspectos de la denuncia.

Especificamente, el juez considera que Atamaint incumplió el requerimiento sobre los “fundamentos del recurso, acción o denuncia, con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados".

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A modo de contestación, los abogados de la presidenta del CNE (el expresidente del TCE, Arturo Cabrera Peñaherrera y el abogado Israel Cabrera) presentaron los tres númerales del artículo 280 de Código de la Democracia que hablan de violencia política de género, de forma general.

"De estas conductas se aprecia que cada una de ellas tiene sus matices propios, por lo que la exigencia del requerimiento establecido en la ley no se cumple con solo enunciarlas, sino que, quien activa la jurisdicción contencioso electoral, debe fundamentar con una expresión clara y precisa los agravios que con cada una de ellas cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados, de conformidad con la denuncia presentada", señala el dictamen.

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Lo que motivó la denuncia fue un artículo de opinión publicado el 27 de julio de 2023 bajo el título 'Diana, levántate y anda...' en el que critica la pasividad de la funcionaria y del organismo que dirige ante la participación en política de personas sentenciadas por la justicia.

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Atamaint pedía que el TCE se "digne aplicar la máxima sanción determinada, esto es la imposición de la multa de setenta salarios básicos unificados y suspensión de derechos de participación y dicte las medidas de reparación integral", dice el documento.

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