El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió dejar sin efecto la sentencia que ordenaba el pago de una multa y la destitución en contra de cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) por infracción muy grave.

La decisión fue tomada el 3 de mayo de 2022 con los votos de los jueces Rooservelt Cedeño; Solimar Herrera; Francisco Hernández; y Fernando Muñoz. En tanto que, el juez Richard González salvó su voto.

El caso se remonta a diciembre de 2020 cuando el director del movimiento Justicia Social, Jimmi Salazar, denunció a la presidenta Diana Atamaint, al vicepresidente Enrique Pita y los consejeros José Cabrera y el entonces consejero Luis Verdesoto.

Esto, por no acatar una sentencia del propio Tribunal Contencioso que había devuelto la personería jurídica a esa organización política que había sido eliminada por el CNE.

El 6 de enero de 2021, el juez de primera instancia, Ángel Torres, emitió su fallo y destituyó a los cuatro vocales en el marco de la denuncia por infracción electoral muy grave presentada por Salazar.

Además, les impuso una sanción pecuniaria equivalente a 70 remuneraciones básicas unificadas y la suspensión de derechos de participación durante cuatro años.

Según la sentencia emitida ayer, una de las razones para dejar sin efecto la sentencia de Torres es que se notificó a la Procuraduría General del Estado para la audiencia de sustanciación del caso con escasas 24 horas de anticipación.

Esto habría dejado a los abogados del Estado con poco tiempo para conocer y preparar el caso y pese a que se pidió un diferimiento de la diligencia, eso fue negado con lo que se habría restringido su participación, lo que acarrea la nulidad del proceso.

Luego de un reciente proceso de depuración, Justicia Social quedó definitivamente eliminado del Registro de Organizaciones Políticas por no haber cumplido con los requisitos legales para mantener su vida jurídica.