La competencia de la jueza Ana Lucía Cevallos, dentro del proceso de delincuencia organizada que se sigue en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y otros; en la ciudad de Quito, aún no está del todo definida. El caso pasaría a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, donde se deberá resolver el conflicto calificado como negativo.

La jueza Cevallos dio paso a un pedido que hizo el primogénito del exmandatario, en escritos presentados un día antes de la audiencia que vinculó a cuatro personas; entre ellas, al ciudadano israelí Oren Sheinman, quien sobrevivió a un ataque en la cárcel de Guayaquil, donde fue asesinado su compatriota Shy Dahan, el pasado 8 de agosto.

La petición hace referencia a la resolución que tomó el juez Máximo Ortega, de negar la excusa que presentó su colega Cevallos de continuar con ese proceso. Eso, según dice la solicitud, “ha generado un conflicto de competencia negativo, respecto al juzgamiento del delito de delincuencia organizada en contra de Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, y otros procesados”. Por lo que considera “necesario, indispensable y por demás urgente se resuelva dicho incidente de competencia negativo”.

En el documento, Jacobo advierte que se debe tomar en consideración que el accionante se encuentra privado de la libertad, de allí que pide se remita el expediente judicial a la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia, para que “de manera urgente se dirima este conflicto de competencia negativo en la brevedad de lo posible dentro del marco de legal y constitucional, de esta manera continuar con la sustanciación y resolución de la causa penal...”.

En providencia, la jueza recordó como antecedente la excusa que presentó en esa causa, por encontrarse inmersa en causales contempladas por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en concordancia con el Código de la Función Judicial y el Código General de Procesos.

“Sin embargo -señaló- el juez que le correspondió conocer la causa por sorteo de ley, erradamente, sin la debida motivación, ni fundamento legal correspondiente, decidió no aceptar mi excusa presentada con juramento”. Esto, añadió, pese haber adjuntado la documentación que avala la misma, puesto que fui objeto de una querella penal ante la Corte Provincial de Pichincha, proceso que concluyó en abandono el 10 de diciembre de 2015, donde actuaron como querellantes los abogados Marcelo Gastón Toro y José Arnulfo Moreno Arévalo. El último, ahora defensor particular de Jacobo Bucaram Pulley.

Cevallos recordó que además se iniciaron en su contra otros procesos administrativos y denuncia en Fiscalía que fue desestimada en la Corte Provincial de Pichincha.

“Desde el año 2015 en adelante, todo lo cual ha generado una inminente enemistad manifiesta entre la suscrita jueza y los referidos abogados.

Ante todo eso y, a fin de no denegar derechos constitucionales y evitar problemas futuros en la causa, la jueza dispuso -de acuerdo al pedido- que se remita el expediente a la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, para que sean los magistrados de ese nivel quienes resuelvan lo que corresponda, respecto de quién debe conocer esa causa o se dirima la competencia como lo sugiere Bucaram.

El proceso deberá ser remitido de forma inmediata y sin dilaciones a la instancia superior, al existir varios procesados con prisión preventiva, lo que hace "urgente" la decisión, por el estado de la causa.

Cevallos fue la jueza que ordenó la prisión preventiva de Jacobo Bucaram Pulley, tras su deportación de Colombia, el pasado 25 de septiembre. El hombre es investigado junto con su padre, al igual que otros tres agentes de tránsito municipales de Quito, y otras cuatro personas, por la comercialización irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El expediente se abrió tras las declaraciones de los ciudadanos israelíes, quienes señalaron a Jacobo como una de las personas a quien le habían vendido medicinas para la COVID-19.

Dos procesos en contra

El pasado 12 de noviembre, la Fiscalía General del Estado vinculó al proceso a cuatro personas, entre ellas, Sheinman Oren, de nacionalidad israelí-austriaca; y Orietta Isabel Marengo Pita, de nacionalidad peruana. 

Sheinman permanece detenido por otros dos procesos que se siguen en su contra, en la provincia de Santa Elena, por falsificación de documento y enriquecimiento privado no justificado. Por el primero fue sentenciado a 20 meses de prisión.