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El dilema carcelario de Jacobo Bucaram, procesado en dos regiones

Se cumplió el último plazo que dio un juez al director de los centros carcelarios para el traslado del primogénito de Abdalá Bucaram. 

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Detención. Jacobo Bucaram fue detenido por una orden de prisión dispuesta en un proceso abierto en Quito.Archivo

Ni de aquí, ni de allá. Los procesos penales que enfrenta Jacobo Bucaram Pulley, primogénito del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, han provocado un dilema carcelario por su traslado.

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El general en servicio pasivo Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (Snai), podría enfrentar hasta la cárcel por desacatar una de tres órdenes judiciales que tiene para mantener a Jacobo tras las rejas.

Ya fue advertido. El pasado 7 de octubre, el juez Juan Carlos Terán Moreno, de la Unidad Judicial Penal Norte No. 1, le concedió 24 horas más para que proceda a cumplir la orden de trasladar a Jacobo desde el Centro de Privación de Libertad para personas adultas en conflicto con la ley Sierra Centro Norte (Cotopaxi-Latacunga) hasta la Zonal 8, de Guayaquil, en la provincia del Guayas. De no cumplir, se oficiará inmediatamente a la Fiscalía General del Estado para que inicie un proceso penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La disposición se dio el pasado 1 de octubre, dentro de un proceso que tramita Terán, por el presunto delito de transporte y comercialización ilícita de bienes del patrimonio cultural. Una investigación que se dio tras la incautación de tres de veinte estatuillas ancestrales y originales en la casa del expresidente Bucaram, durante un allanamiento por casos de corrupción. El exmandatario también fue procesado en el caso. Recibió medidas alternativas, mientras que su hijo orden de prisión preventiva.

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Jacobo enfrenta similar medida cautelar en otros dos procesos penales, uno de ellos por el delito de delincuencia organizada que se investiga desde Quito, tras el asesinato de un ciudadano israelí, que investiga también al exmandatario.

A las 08:19 del pasado 12 de octubre, el secretario del juzgado que lleva el proceso por el delito de patrimonio confirmó que, tanto en el expediente físico como del sistema, no constaba ningún documento que señale el cumplimiento de la orden judicial emitida por Terán.

Ese mismo día, tanto el procesado como el director del Snai presentaron escritos que, hasta el cierre de esta edición no tenían respuesta, al menos colgada en el sistema judicial.

Pero, el 2 de octubre, Moncayo remitió un informe al juez “con el que tácitamente se rehúsa a acatar lo ordenado”, según se señala en providencia judicial. El funcionario hizo un recuento de los procesos que se siguen en contra del primogénito de Bucaram, dentro del cual hizo hincapié en la competencia que -como autoridad de los centros carcelarios- tiene para disponer del traslado de los privados de la libertad, por las razones que establece el artículo 691 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “(...) En el presente caso, al existir dos jueces competentes con distintas jurisdicciones territoriales corresponde al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de libertad y Adolescentes infractores determinar el lugar de cumplimiento de las medidas privativas de libertad (...)”, lo fundamentó en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

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Terán sostuvo que son los jueces quienes deben tutelar los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes. “Nadie puede estar por sobre el mandato Constitucional, incluyéndolo al señor Edmundo Enrique Moncayo, director del Snai”, resaltó en providencia, donde tilda al informe como “ambiguo y camuflado con una negativa tácita”.

El detalle

Deportación. Las órdenes de prisión contra Jacobo Bucaram Pulley se ejecutaron tras su deportación desde Colombia, el pasado 25 de septiembre.

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Un informe de riesgo

Jacobo enfrenta otro proceso en Guayaquil que, de asociación ilícita pasó a delincuencia organizada. El juez Ronald Guerrero sostiene que es el Snai la encargada de ejecutar y administrar las órdenes de prisión. Dispuso remitir un informe que señale el nivel de riesgo que correría Jacobo en el CDP, Guayaquil.