A menos de una hora de instalar la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por dos imputados en el proceso de delincuencia organizada, derivado de una trama de corrupción en hospitales públicos, el juez Ronald Guerrero Cruz decidió excusarse del caso, por segunda ocasión.

El funcionario, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, dispuso que el expediente original sea remitido a la Sala de Sorteos de esa entidad, para que otro juez conozca el caso y atienda las diligencias que solicitaren las partes, hasta que se resuelva la competencia.

La excusa de Guerrero se dio tras ser notificado con una demanda de recusación que presentó Jacobo Bucaram Pulley el pasado 5 de octubre, pero que fue resorteada porque cayó en manos del mismo juez demandado.

El juez Francisco Mendoza Vélez calificó la demanda de recusación como clara y precisa, por lo que la admitió a trámite. En ella, Jacobo alega que existe enemistad manifiesta entre él y Guerrero. Se espera que se señale fecha para la audiencia en la cual el magistrado deberá contestar la demanda, y que además se expongan los argumentos y pruebas para determinar si existe o no causa para quitarle la competencia.

El pasado 13 de octubre, el juez Guerrero se inhibió del conocimiento de ese proceso de delincuencia organizada, que investiga a una presunta red delictiva que supuestamente se beneficiaba con contratos millonarios en hospitales públicos. Entre los investigados constan los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla; así como los hermanos Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel Bucaram Pulley, hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.

La inhibición ocurrió tras sostener la defensa de Paúl Granda, expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también investigado en el caso, que tenía rango de ministro, por lo que gozaba de fuero de Corte. El caso pasó a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que el 31 de octubre le devolvió la competencia a Guerrero, por determinar que Granda no gozaba de fuero especial.

El 6 de noviembre, el exdirectivo fue vinculado al caso y actualmente está con arresto domiciliario en Quito, ciudad en la que permanecen detenidos Jacobo y Daniel Salcedo, ambos en la cárcel 4.

En la capital, Jacobo Bucaram enfrenta otro proceso penal por el presunto delito de delincuencia organizada, en el que también es investigado su padre y tres agentes de tránsito; además del ciudadano austriaco-israelí Sheinman Oren, quien sobrevivió a un atentado en el CDP de Guayaquil, donde murió su compatriota Shy Daham, quien vinculó al primogénito del exmandatario en la venta de medicinas durante los meses críticos de la pandemia, en Guayaquil.

La jueza Ana Lucía Cevallos, quien tramita el proceso, dispuso que el expediente sea remitido a la Sala Penal de la Corte de Pichincha, para que en ese nivel se resuelva un pedido de Jacobo con respecto a la excusa que presentó la funcionaria y que fue negada por otro juez de la misma Unidad Judicial de Iñaquito, lo que habría generado un incidente de competencia negativo. Cevallos argumentó en su excusa que existía una enemistad de por vida con uno de los defensores técnicos de Jacobo, desde el 2015, originado en otro proceso que llevó en su despacho. El expediente fue entregado en la Sala la mañana del jueves.

Jueza seguirá el trámite

Tras el sorteo, la causa fue conocida por la jueza Nelly Parrales Córdova, quien declaró diferida la audiencia que estaba señalada para ayer. La funcionaria se encontraba en otro proceso. Parrales deberá continuar con el trámite respectivo hasta que se resuelva la recusación de Guerrero.

Procesados. En este caso se investiga a 17 personas, la mayoría de ellas con vínculos familiares y de amistad, así como figuras de la pantalla chica.