Afiliados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social (Isspol) de la Policía Nacional están lejos de conocer si los diez sospechosos de presunto peculado por la estafa millonaria a sus fondos son sentenciados o no.

Mientras en Estados Unidos hay sentenciados en el contexto de la trama de corrupción que rodea las inversiones riesgosas efectuadas con los fondos de los policías, en el Ecuador el caso de los 216 millones de dólares en inversiones mediante la emisión de bonos con pacto de recompra no ha pasado de la audiencia preparatoria de juicio.

Este jueves se espera que el fiscal Álex Castillo concluya con la sustentación del dictamen acusatorio en el que inicialmente ya endosó responsabilidades por el presunto peculado a los diez sospechosos como autores.

La audiencia se reinstalará a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte. Será el octavo día de la diligencia preparatoria. El fiscal aún no termina con la imputación individual a los procesados. Falta por endosar los elementos de convicción a cuatro procesados.

El fiscal, en los indicios generales, mencionó los peritajes contable, de procesos y de flujo de depósitos y el de inversiones. Además ha mencionado las actas de los comités de inversión.

Encabezando la lista de los sospechosos se encuentra Jorge Chérrez Miño, apodado como el Mago. La última ubicación fue en México. Él actualmente está prófugo de la justicia.

A él se suma Luis Álvarez, exgerente de Decevale, la empresa encargada de la custodia de los bonos. Él fue uno de los que asumió la responsabilidad del ilícito en Estados Unidos en donde detalló cómo había funcionado la trama de corrupción.

John Luzuriaga Aguinaga fue otro de los que admitió la responsabilidad en EE. UU. y recibió su condena. En el Isspol tenía el cargo de director de riesgos.

En la lista de procesados también se encuentran los exdirectores del seguro policial David Proaño Silva y Enrique Espinosa de los Monteros. Paúl Ocaña, abogado de Espinosa, dijo que en el caso de su cliente la Fiscalía endosó tres elementos.

Habla de una pericia contable donde indica que no hay perjuicio, un acta firmada sobre una inversión cancelada y un oficio de la Superintendencia que para Ocaña no son elementos de cargo para su cliente.

El director del Isspol, Renato González, destaca que a él le impactó la narración del fiscal de los mensajes remitidos desde EE. UU., “en los cuales varios de los procesados se jactaban de su audacia, coordinaban transferencias de dinero, organizaban un viaje de lujo a Nueva York para ellos y algunos de sus familiares, adquisición de celulares y más aparatos electrónicos”.

Menciona además que en el caso de Luzuriaga “abrió una cuenta en nombre de su hijo de 13 años para recibir recursos que le mandaba Jorge Chérrez y que obviamente eran los sobornos por las operaciones de los recursos de 90.000 familias de la seguridad social policial”.

Entre esos mensajes se cita uno de especial importancia y fue el que se atribuye que habría sido emitido por Luzuriaga a Chérrez: “gracias a ti por arreglarme mi vida económica y de mi familia”. El contenido se encuentra en un informe pericial que reposa en el expediente.

Otros elementos presentados son la asistencia penal estadounidense. Esos, según el director del Isspol, son suficientes para que los 10 acusados por la Fiscalía sean llamados a juicio por parte de la jueza Irene Pérez.

341 millones se recuperaron

Hasta la fecha, el Isspol ha logrado recuperar cerca de 341 millones de dólares de los más de 800 que se encontraban en riesgo por las operaciones irregulares efectuadas con los fondos de afiliados y pensionistas de ese seguro.

Hasta 2021, según los cálculos de las autoridades del Instituto de Seguridad Social (Isspol) de la Policía Nacional, en riesgo se encontraban más de 900 millones de dólares.

El coronel Renato González, director del seguro policial, destacó que los recursos se habían destinado a al menos siete clases de operaciones financieras que van desde un reporto con pacto de recompra, cesiones de derechos fiduciarios y los de swap o permuta financiera.

Las cesiones de derechos fiduciarios (prohibidas con los fondos del Isspol), por ejemplo, se habrían materializado en al menos 36 fideicomisos. 

El detalle

Tiempo. Según los cálculos de los defensores, cinco días más podría demorar la audiencia preparatoria de juicio con la presentación de sus exposiciones.