La audiencia preparatoria de juicio en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) se instaló este 17 de julio de 2023 en medio de incidentes de tipo logístico, pero también de los actores procesales.

La diligencia fue convocada para las 09:30 en el auditorio del piso 11 del Complejo Judicial Norte de Quito, en dos salas. Sin embargo, los abogados de los procesados reclamaron que esto contrariaba el principio de inmediatez y pedían estar todos juntos en un mismo espacio.

La jueza Irene Muñoz accedió al reclamo y dispuso que todos los involucrados se instalen en una sola sala, para seguir con la diligencia. Sin embargo, la jueza les recordó a los abogados inconformes que, en días pasados, fueron ellos mismos los que mostraron su malestar por la incomodidad que significaba ubicarlos en una sola sala.

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Ahí no concluyeron los inconvenientes. Cuando tomó la palabra el abogado Arturo Cabrera, que defiende a Luis Álvarez, sacó a relucir una fotografía en la que se podía ver a la jueza Muñoz en un evento académico junto al fiscal del caso, Alex Castillo; motivo suficiente, dijo, para que la magistrada se excuse de continuar con el caso.

La jueza rechazó la pretensión y explicó que efectivamente asisten a la misma maestría, en la que están otros operadores de justicia, porque es promovida por el Consejo de la Judicatura; pero que eso no implica ningún conflicto de intereses y menos una causal para que presente su excusa.

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Recién a las 10:45 se pudieron solventar los incidentes y el fiscal Castillo tomó la palabra. En la audiencia, el fiscal expuso los mensajes de texto contenidos en la asistencia penal internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En las comunicaciones se mencionan operaciones financieras, viajes a Nueva York y Miami, reuniones en hoteles de lujo, compras de celulares y hasta consolas de PlayStation, todo eso financiado con el dinero de los afiliados de la Policía y sus familias.

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Además, habló de la organización de viajes de lujo para los directivos del Isspol y sus familiares, costeados por Jorge Chérrez, quien por intermedio de Jhon Luzuriaga solicitaba los datos personales para emitirles los respectivos pasajes y reservas, la entrega de celulares y otros aparatos electrónicos, así como la transferencia de dinero a su exesposa.

“Gracias a ti por arreglarme mi vida económica y de mi familia”, se pudo leer en uno de los mensajes enviados por Luzuriaga a Chérrez y que fue presentado por la Fiscalía.

Renato González, director del Isspol, criticó los intentos de los defensores por no instalar la diligencia. “Enésimo intento por evitar instalación de audiencia del caso Isspol. Ahora las defensas técnicas objetan que el fiscal Alex Castillo y la jueza Irene Pérez sean compañeros de maestría, a la que fueron designados junto a otros operadores de justicia por el Consejo de la Judicatura”, escribió en redes sociales.