Cual jugoso feriado y su respectivo registro de entrada y salida en hoteles. Al leer que en lo que va de 2021 se han emitido más 50.000 boletas de excarcelación, inmediatamente se podría pensar que se acabaría el hacinamiento y hasta con la población penitenciara, que era de 38.700 a finales de septiembre, dato que salió a la luz tras el cruel asesinato de 119 reos.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) registra que hasta el 3 de noviembre del presente año existen 39.183 nuevos internos, grupo que incluso supera la cantidad contabilizada después de la masacre.

Hasta antes de las muertes del 12 y 13 de noviembre eran 37.324 reos en todo el país y de estos solo 21.575 cumplen una sentencia; 14.726 eran de prisión preventiva y otros 1.023 entre contravenciones y apremio.

Actualmente trabajan en la actualización de datos para el número total de privados de libertad. El SNAI destacó semanas atrás que disminuyó un 3 % el hacinamiento, que antes estaba en un 28 %.

Los centros de reclusión están diseñados para albergar a 30.000 reos, pero a criterio de expertos, el flujo constante de ‘entrada y salida’ en las cárceles es una muestra de que no va a desaparecer el hacinamiento hasta que existan cambios estructurales en los pedidos de prisión preventiva.

“La mayor parte de PPL sigue en las cárceles por una errada política pública criminal de la Fiscalía General del Estado de pedir prisión preventiva por casi todas las causas que procesan, sumada a la equivocada creencia de jueces de que deben dar paso a todos esos pedidos” expuso el abogado penalista Julio César Cueva.

Señala además que no es un problema de la ley, porque en las últimas reformas al Código Penal dadas en febrero de 2021 “se hicieron cambios sustanciales e importantes para frenar este abuso”.

Diario EXPRESO denunció a inicios de octubre que los pedidos de prisión preventiva superan a la población carcelaria y que en los tres últimos años no registraba ningún descenso. De esta forma, hasta septiembre de 2021 se emitieron 66.754 autos de prisión preventiva.

La directora de los Estudios Judimétricos del Consejo de la Judicatura, Dorian Flores, señaló que no todas las personas que entran a los centros de rehabilitación lo hacen por una sentencia condenatoria, porque “casi el 60 % de la población penitenciaria aún está procesada”, es decir, que su juicio todavía está en trámite. Flores explicó que la cantidad de boletas de excarcelación también responde a que la situación de dichos privados de libertad cambia con el pasar de los meses.

“Jurídicamente, sucede que obtienen sobreseimiento , nulidad, o beneficio penitenciario como el régimen semiabierto o muchos más, y así obtienen una boleta de excarcelación y salen de las cárceles; pero a su vez se emiten boletas de encarcelamiento para otras personas e ingresan a las cárceles”.

Situación que es criticada por el jurista Joan Paúl Egred, que coincide con Cueva en que se debe apuntar a evitar el uso de la prisión preventiva porque resulta un “camino fácil” en un proceso penal.

“Es terrible y seguirá igual si la Fiscalía no decide cambiar la directriz, porque se les quita la libertad entre seis meses y un año con una medida cautelar y luego cuando reciben una sentencia absolutoria, ¿quién les devuelve el tiempo perdido, la destrucción de su imagen, su trabajo y más?”.

Un ejemplo de esta situación es la Penitenciaría del Litoral, que cuenta con 8.542 presos, de los cuales solamente 2.810 tienen sentencia y 5.638 están en proceso, de acuerdo con las cifras presentadas por el SNAI.

Hasta mientras, Cueva insta a la instalación de una mesa de justicia para trazar los cambios en la política pública anticriminal, que mejoren el funcionamiento del sistema de manera integral, para así “evacuar” el hacinamiento.

Otra medida

Liberación de más de 10.000 PPL

El SNAI tiene identificados a los candidatos que aplican para acceder a beneficios penitenciarios como la prelibertad o régimen semiabierto. “Son alrededor de 5.000 carpetas que están en manos de los jueces. Serán unas 6.200 hasta diciembre y unas 8.000 hasta febrero”, dijo a EXPRESO el exdirector de la entidad, Bolívar Garzón días atrás, antes de su destitución. Así también, han identificado a 2.137 PPL que están por salir en libertad debido al cumplimiento del 100 % de su condena.