Últimamente, Raúl Robalino está más pendiente de los 20 de cada mes, día en el que le acreditan su pensión jubilar desde hace un año. “Es preocupante y creo que solo es el principio de por qué hay que ver qué hacen con la Seguridad Social y cuál será el beneficio de los jubilados y afiliados”, reflexiona.

Robalino es uno de los 447.824 jubilados que existen en el país que se mantienen a la expectativa al escuchar que se registra un déficit en el fondo de salud del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS).

César Rodríguez, miembro del Consejo Directivo del IESS en representación del sector empleador, explica que los valores faltantes superan los $ 7.000 millones y no tiene grandes expectativas para el exterminio de la deuda, al menos en un corto o mediano plazo. “Es muy difícil un pago global, no se pueden sacar más de 7 mil millones de la caja y pagarnos porque el Gobierno tiene otras obligaciones, como la vacunación”, expuso.

Detalla que la deuda es otro de los tantos problemas heredados y que se agravó con el tiempo cuando las autoridades no eran transparentes con la realidad en el país.

Todo comenzó el 20 de abril de 2015, con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Social, en su artículo 68 que ordenaba sustituir el aporte fijo del Estado del 40 % para el fondo de pensiones por una garantía que aplicaba únicamente cuando el Seguro Social no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago.

Pero el 21 de marzo de 2018, la Corte Constitucional emitió un fallo para que se vuelva a cobrar este valor a partir de 2019.

Desde ese entonces, el Gobierno central ha realizado pagos anuales que corresponden a $ 1.773’528.162 en 2019 y en 2020 pagó $ 1.254’521.156; en ambos rubros no se honró la deuda en su totalidad. Y quedaron pendientes de pagar $ 849’589.920. A este valor se deben sumar los rubros que se presupuestaron para 2021, que alcanzan los $ 821’234.438.

En síntesis, el actual régimen debe cubrir por deuda arrastrada desde el 2019 un total de $ 1.670’824.359.

Para Rodríguez, una de las principales razones por las que el Estado no paga la deuda al IESS es porque no se registra dicha obligación en el presupuesto general del Estado. “Lamentablemente nunca se han colocado esos valores en el presupuesto general del Estado y, por lo tanto, oficialmente el Gobierno no nos debe hasta que no se haga el cambio con el Ministerio de Finanzas y la Asamblea Nacional”.

Desde la creación de la nueva Asamblea Nacional hasta la actualidad, se registra la presentación de 89 propuestas de reformas y proyectos de ley de la Seguridad Social. De todos ellos, 28 se quedaron en trámite y apenas 14 fueron aprobados y ejecutados.

El pasado 18 de junio, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la última propuesta parlamentaria que planteaba reformar la ley de la Seguridad Social incluyendo a la normativa de la Policía y también la correspondiente a las Fuerzas Armadas porque se desconocía si se hizo el análisis económico y financiero previo.

El legislador socialcristiano Esteban Torres reconoce que la Asamblea tampoco puede resolver los problemas de la seguridad social, especialmente porque le concierne como competencia al Ejecutivo. “Hay una serie de iniciativas incluso desde los periodos pasados y del actual, pero difícilmente se pueden concretar si no hay una directriz del Gobierno, por muy buena voluntad yo no veo que hay un plan claro de cómo solucionar el tema del IESS, porque saben que hay una pelea política de por medio”, apuntó el asambleísta.

¿Qué caminos le quedan al IESS para subsistir? La respuesta se dice sencilla, pero en la práctica es complicada. Andrés Campaña, quien fue director provincial de Seguridad Social en Pichincha, dice que las valuaciones actuariales que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecieron que se pueden tomar dos acciones para intentar salvar el fondo de salud que es el que, por ahora, ha generado inquietud.

Lo primero es que el Gobierno cumpla con su obligación de pagar las atenciones de salud de los jubilados, jefas de hogar, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. Además, que el IESS se haga eficiente en su capacidad de cobro a los pacientes externos (no afiliados), pero que son responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y los seguros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Con esos dos elementos estaba garantizada la sostenibilidad del fondo de salud del IESS hasta 2028, que es la fecha de corte de la valuación actuarial. La OIT hizo una proyección de que ese año habría ingresos por 4.600 millones de dólares. Ese era el escenario favorable”, señaló el experto.

Pero hasta ahora, el escenario que se ha cumplido es el desfavorable. Los gobiernos no han cumplido con ese pago al IESS y de los 256 millones que le cuesta atender a los pacientes externos por año, apenas ha podido cobrar 18 millones de dólares, lo que genera un desbalance que va sumando a todos los problemas que acarrea la entidad.

El abogado y especialista en temas de seguridad social, Marco Proaño Maya, descarta que otra alternativa para sostener al IESS pueda ser la aplicación de un sistema mixto o peor aún pensar en la privatización del sistema por una sencilla razón: la Constitución establece que debe ser público, universal y no podrá privatizarse.

“Es real que el Estado atraviesa por una situación económica complicada, pero hay que impedir que el IESS quiebre porque si eso sucede habrá una ruptura mayor en el país. Tengamos en cuenta que el universo de atención que da esta entidad alcanza a nueve millones”, señaló Proaño.

Campaña tampoco es partidario de pensar en otras opciones que no sean el pago de la deuda histórica que tiene el Estado con el IESS y mejorar los sistemas de recaudación y administración de la institución. Recuerda que países como Chile y Colombia que aplican modelos alternativos de seguridad social han visto fracasar los mismos y ahora sus ciudadanos exigen ir hacia uno público.

Ambos coinciden en señalar que, a la par del financiamiento estatal y una necesaria reestructuración, instancias como la Contraloría y la Fiscalía deben determinar responsabilidades en personas que han puesto a la seguridad social en la situación actual.

ENTREVISTA

Henry Llanes: “Es necesaria una nueva ley orgánica”

La situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) trae nuevamente al debate público la necesidad de establecer una reestructuración de la entidad, pero también de determinar y sancionar a los responsables del palpable deterioro del sistema. El exdiputado, exasambleísta alterno y hoy representante de la Asociación de Jubilados del IESS de Pichincha explica la situación. 

- ¿Quiénes son los responsables de la debacle del IESS?

- La gestión y lo financiero son ámbitos de responsabilidad de los gobiernos desde la creación del Instituto, hace más de 90 años. No han sido los trabajadores o los jubilados los que le han llevado a esta crisis institucional.

- ¿Qué solución se plantea para superar la crisis de la seguridad social?

- Una acción de carácter estructural sería impulsar una nueva ley orgánica de seguridad social obligatoria, así debe llamarse. Presentaré una propuesta en la Asamblea Nacional a finales de agosto.

- Eso tomará tiempo, ¿qué se puede hacer de inmediato?

- El Gobierno tiene que responder con el financiamiento tanto del fondo de salud como el fondo de pensiones, en donde también hay un fuerte déficit. La deuda acumulada llegaría a los 20.000 millones de dólares.

- ¿Con qué dinero va a responder el Gobierno?

- Tiene que hacer todos los esfuerzos. El Estado no le puede estafar al IESS porque se estaría haciendo un daño a sí mismo. Son ellos los que han manejado este sistema y deben encontrar la solución.

- ¿La gente que actuó mal en el IESS quedará impune?

- Precisamente para que eso no suceda estamos pidiendo que la Asamblea Nacional investigue. Ya hemos enviado tres comunicaciones a la presidenta Guadalupe Llori y de igual forma a la Comisión de Fiscalización y a la de los Trabajadores.

- ¿Confiar en una Asamblea que no ha hecho nada al respecto en años?

- Recordemos que los legislativos anteriores estuvieron dominados por Alianza PAIS, entonces efectivamente entre 2007 y 2020 no se pudo fiscalizar nada, porque todo estuvo dominado por el grupo del expresidente Rafael Correa. Ellos bloquearon todo proceso de fiscalización.

- Eso a nivel político, ¿y a nivel penal?

- Entregamos documentación a la Contraloría, que ahora dicen que se han quemado. Hemos pedido más de diez exámenes y hasta se conformó una veeduría, pero esta fue desarticulada. Se la debería activar.