Secretaría de Gestión de Riesgos visita casas
Evacuación. En Huigra, Alausí, se evacuó a 17 familias por el movimiento de tierra. Están en alerta naranja.Tomada de la Secretaría de Gestión de Riesgos

La improvisación se instaura en GAD para temas de lluvias

Las alcaldías dicen no tener la responsabilidad exclusiva. Solicitan nuevos estudios pormenorizados. El desconocimiento permite errores en prioridades

En Ecuador se registra la muerte de 27 personas por las afectaciones de las fuertes lluvias ocurridas desde el 1 de enero de 2023. Y la falta de planificación en los gobiernos locales para hacer frente a los 1.404 fenómenos peligrosos presentados en 174 cantones  de las 24 provincias del país pone en jaque a las autoridades para responder según las emergencias.

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De acuerdo al artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), se establece que la gestión de riesgos incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio.

Estas deben ser gestionadas de “manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno”, pero las administraciones se ven limitadas no solo por la falta de recursos, sino de personal.

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Daniel Arteaga Galarza, integrante del colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos, sostiene que es lamentable que en el país se mide la gravedad de los fenómenos por la cantidad de difuntos al final de un desastre. Considera que lo ideal sería que además de evitar los decesos exista una planificación con estudios bien realizados.

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“Los gobiernos locales aún no interiorizan las características del país y sus amenazas, estadísticamente conocemos que el gobernante de turno por lo menos va a tener que enfrentar al menos un evento durante su período. Eso no lo toman en cuenta en su plan de trabajo y por eso viven en la improvisación”.

Agrega que el mismo desconocimiento de las autoridades los lleva a apuntar mal las prioridades y que en muchos casos se escogen las acciones que generan “réditos políticos y económicos” especialmente en la regulación del uso del suelo.

El total de personas afectadas en todo el país es de 61.553 y un total de 751 personas damnificadas.

“Creen que la gestión en temas de riesgos es algo fácil y que solo se necesita coordinar ayuda hasta cuando se chocan con la realidad frente a una verdadera emergencia”.

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El país cursa por un período de transición de autoridades locales debido a las últimas elecciones y según los registros no existe un pedido de revocatoria de mandato por incumplimiento de funciones o de lo prometido en su plan de gobierno. Desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se defienden y señalan que la gestión de riesgos no solo es competencia de ellos, sino de prefecturas y juntas parroquiales, así como también de entidades nacionales.

Juan Carlos Macancela, director nacional de Planificación de AME, señala que los estudios nacionales de la Secretaría de Gestión de Riesgos son muy globales y que no pueden ser adaptados a realidades específicas como las de planificación municipal en diferentes aristas y que para hacerlo se necesita de personal y grandes recursos.

Hay 12.940 viviendas afectadas y 100 casas completamente destruidas.

“Hay un mapeo, pero es a una escala bastante general. ¿Y qué pasa? Cuando tratamos de bajar esos planos a la planificación urbana que debe ser a escalas muy pequeñas por el tema de viviendas es muy difícil porque los estudios topográficos están en cada nivel por los 50.000 - 70.000 metros de altura y entre cada curva hay 50 - 70 metros, cuando debería ser cada 5.000 metros para que en las curvas con escala sea cada cinco metros” enfatiza Macancela.

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Agrega que también se han enfrentado a sectores que según estudios de toda la vida no proyectaron alertas y que fueron “sorprendidos” por cambios naturales como el barrio Las Rosas del cantón Nabón, en Azuay.

“Era el sector con mayor crecimiento poblacional y empezó a presentar deslizamientos internos por aforamientos subterráneos. La población tuvo que ser evacuada. El Municipio en toda su historia no había identificado en los estudios que esa zona iba a dar problemas”.

En todo el Ecuador hay 12.940 viviendas afectadas y 100 casas completamente destruidas.
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Sin embargo, las afectaciones por las lluvias siguen aumentando, según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se han dado 533 inundaciones, 523 deslizamientos, 70 socavones, 149 colapsos de estructuras por diferentes razones relacionadas a las lluvias, 28 aluviones y 13 hundimientos en todo el país.

Las provincias más golpeadas son: Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Cotopaxi, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Imbabura y Chimborazo.