Un sistema público infestado. En Ecuador, actualmente, hay tres investigaciones de connotación en las que se ha involucrado a la justicia y la política del país con el crimen organizado y el narcotráfico. Una de estas, el casos Metástasis, con el que Fiscalía develó cómo operaban ciertos políticos, jueces, fiscales, abogados, altos funcionarios públicos, policías y narcotraficantes en un presunto esquema de delincuencia organizada. Prácticamente destapó 'una alcantarilla' al liberal el expediente judicial que contenía las conversaciones del teléfono celular del narcotraficante asesinado Leandro Norero. 

En esta indagación, el Ministerio Público no solo detuvo y obtuvo prisión preventiva para Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; y el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. También capturó en calidad de procesado a 50 personas más. Entre ellas, policías en servicio activo, jueces, fiscales, entre otros. 

Fue con esta incursión de Fiscalía, que empezó la madruga del 14 de diciembre, en medio de un sin número de allanamientos, que el Ministerio Público allanó el camino para exponerle al país como 'purgaría' al Estado ecuatoriano de ciertas 'plagas', como si de una infestación se tratara. 

4 de marzo del 2024. La Fiscalía inició una nueva indagación -que se deriva del caso Metástasis y a la que denominó Purga- en la que se investiga un presunto esquema de delincuencia organizada que, a decir de las pruebas expuestas y las versiones de la fiscal de la nación, Diana Salazar, actuó a favor de políticos, funcionarios judiciales e incluso del narcotráfico desde la Corte Provincial del Guayas.

En ese caso, los chats entre la exrelacionista pública de la Corte, Mayra Salazar, y el exlegislador socialcristiano, Pablo Muentes, se convirtieron en pieza claves para hilar los nombres de otros funcionarios que también habrían colaborado en este presunto esquema de corrupción que operó junto a cabecillas del crimen organizado, como alias ‘Fito’. ¿Los objetivos? Enriquecerse de manera ilícita, según Fiscalía.  

Al igual que en Metástasis, los chats de Mayra Salazar no solo permitieron vincular al exsambleísta Pablo Muentes, también a la expresidenta de la Corte, varios jueces de la misma institución y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura. En total, 12 personas investigadas.

Miércoles 3 de abril del 2024. Con un operativo simultáneo en provincias como El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo, Tungurahua y Guayas, el Ministerio Público contó al país que inició una nueva investigación en el sistema judicial, porque habría funcionarios que estarían moviendo las 'fichas' para 'vender' justicia al mejor postor. 

En estos allanamientos se detuvo a 14 personas, a las que Fiscalía acusó de conformar otro presunto esquema de delincuencia organizada que, "a través de acciones constitucionales, habrían favorecido a personas con alto nivel de peligrosidad, otorgándoles la libertad con argucias legales".

Esta presunta red estaría integrada por policías, exfuncionarios públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces. Todos ellos habrían entregado dinero o favores a cambio de permitir que las personas privadas de libertad salieran de la cárcel de forma ilegítima, aparentando legalidad.

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