Aunque el Municipio de Guayaquil ha presupuestado $ 782 millones para este año y ha dividido ese rubro entre las fundaciones existentes y extintas, las empresas públicas viejas y nuevas y, por supuesto, la obra pública y social, lo que preocupa de la proyección de gastos para este año es lo que no se sabe y lo que no está claro.

En el Portal de Compras, la Fundación Siglo XXI, encargada de la regeneración urbana, reporta un plan anual de $ 45,4 millones para este 2022, aunque en el presupuesto tiene asignado $ 55,2 millones.

La Empresa de Vivienda, creada en la Administración de Cynthia Viteri, posee un plan de $ 32,1 millones, pese a que en el presupuesto le fueron asignados solo $ 27,6 millones. Y la Empresa de Acción Social (antes dirección) tiene un plan anual de $ 24 millones, con un presupuesto de $ 32 millones.

Además, hay $ 8,8 millones asignados a la Fundación Metrovía, que fue liquidada y por ende no presenta plan anual en el Portal de Compras, $ 24 millones para proyectos especiales de los que no hay mayores detalles y $ 11 millones están previstos para gastos de publicidad en este año preelectoral.

Bajo este escenario, este Diario extendió al Cabildo la solicitud del Plan Anual de Contratación completo y pidió que aclare por qué estas diferencias entre lo presupuestado y los planes anuales y por qué se asigna presupuesto a una fundación que ya no existe y que se supone que debe ser autosustentable. La entidad preparaba las respuestas al cierre de esta edición.

Para aprobar el presupuesto, hubo solo dos abstenciones, la del edil del otrora Movimiento de la Revolución Ciudadana (ahora UNES), Terry Álvarez y la del hasta ese momento independiente y ahora también correísta Héctor Vanegas. El primero no responde a EXPRESO sobre el tema, pero el segundo afirma que tomó esa decisión porque “no tiene todos los informes que requiere la ley” y “fue aprobado al apuro”.

Eso lo refutan los únicos tres concejales del Partido Social Cristiano, de doce que tiene la ciudad de esa tienda política, que respondieron a este medio y aseguran que los informes estuvieron completos y la revisión del anteproyecto no solo fue exhaustiva, sino que cumplió con todos los procesos de ley, incluida la participación ciudadana.

No es tanto así. De acuerdo a la edil correísta Lídice Aldás, quien gozaba de días de descanso en el momento en que se aprobó el presupuesto, el pasado 4 de febrero hizo llegar a la alcaldesa un oficio en el que trata, entre otros temas, un supuesto “desfase” en las cifras.

Aldás explica, por ejemplo, que en el anteproyecto del presupuesto se señala que el monto de ingreso y gastos asciende a la suma de $ 782 millones, que coinciden con lo estipulado en el Cuadro de Resumen De Renta Por Título y Capítulo de 2022, pero no coincide con el Resumen General de Asignación por Objeto de Gastos, que en su total de asignaciones plantea $ 781 millones, “lo que genera un desfase de $ 995.280”, analiza.

Asegura que al documento, de 92 páginas, le falta un Plan Operativo Anual completo y un Plan Anual de Contratación transparente, que incluya la cédula presupuestaria. “Esto es un tema de todos los años, lo que han hecho es aprobar montos generales, que no sabemos cómo se repartirán. Ahí es cuando se dan situaciones como las que pasaron en Urdesa, con los postes pintados. No sabemos si el dinero servirá para lo que necesitamos como ciudad”, dice.

El politólogo Manuel Macías, director del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas de Guayaquil, señala que esto de la generalización del presupuesto no es nuevo y que, de hecho, el 98 % de rubros se replica en estructura y formatos desde hace años, cuando lo que en realidad se necesita es acceso al presupuesto extendido, donde podrían verse, entre otros rubros, las transferencias y donaciones al sector público y privado, como a fundaciones.

“El Cabildo cumple con los requisitos legales, pero no hay información de proyectos específicos. No se sabe hacia dónde va el presupuesto de salud, por ejemplo. Es una tendencia. En el ejercicio cotidiano público aplica mucho más el salir del paso de ciertos incendios que la gestión”, señala.

Tampoco hay certezas de que el destino del dinero se alinee al Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) de la ciudad ni de que este manejará el recurso de manera ordenada, observa por su parte Nelson Murillo, abogado experto en Finanzas y Administración Pública.

Una de las situaciones que llama la atención de Murillo es que la mayoría de concejales calle sobre el tema y apruebe sin chistar. “Hay que ser críticos. Siento que hace falta un especialista en finanzas y otro en ordenamiento para asesorar”, señala. También critica la falta de transparencia. “No queremos ver un boletín, debemos hallar todo en la página web y no ocurre”, analiza.

“¿Cuándo y cómo determinaron qué obras son trascendentales? Pediremos a la alcaldesa que nos permita ejercer una veeduría ciudadana”, cuestiona por su parte el abogado Pedro Granja, miembro del Observatorio Ciudadano para Vigilar la Transparencia de la Administración Pública.

El Portal de Compras Públicas ya enlista más de una decena de obras este 2022 subidas por el Municipio.