El Gobierno dará un paso adelante en el esclarecimiento del crimen de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), asesinado hace 13 años.

Este martes 14 de marzo está previsto que se hagan públicos los nombres de la nueva comisión para reconstruir el tercer producto, entregado en 2013 por el perito argentino Roberto Meza y posteriormente desaparecido.

En ese mismo acto se ofrecerán disculpas públicas a los deudos del oficial, comenzando con su esposa Patricia Ochoa.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, informó a EXPRESO que la esposa de Gabela confirmó su asistencia. El presidente Guillermo Lasso también quería estar presente, pero debido a que se contagió de coronavirus, su presencia es incierta. Hasta la tarde del domingo 12 de marzo, la Presidencia ha informado que el estado de salud del primer mandatario es estable.

De esta forma, el fallo de la Corte Constitucional a favor de la familia se comenzará a cumplir. La resolución dice que una vez conformada la nueva comisión, hay un plazo de tres meses para reconstruir el informe.

Según el perito Meza, ese documento contenía la conclusión sobre la investigación del caso. Allí se desvirtuaba que la muerte del general fuera por delincuencia común, como sostuvo el gobierno de Rafael Correa.

Para la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, Gabela falleció en un asalto en su casa, en 2010, del que los delincuentes no se llevaron nada.

La duda sobre esa teoría surge porque el general Gabela fue investigado por Inteligencia Militar y porque previamente denunció y se negó a comprar los siete helicópteros DHRUV, de los cuales cuatro se accidentaron en extrañas circunstancias.

Una vez conformada la comisión, el primer paso es coordinar con el perito Meza para que en tres meses entregue una copia del informe original con certificaciones que aseguren su validez. Esta es la parte más crítica del trabajo, pues Meza ha asegurado que en 2013 el gobierno de Correa se quedó con todos los archivos de respaldo de la investigación.

En la sentencia de la Corte Constitucional se indica que hay 21 discos duros que el Ministerio de Justicia entregó en 2018, pero que toda la información contenida dentro de los dispositivos estaba vacía.

En su fallo, la Corte también ordenó que la Contraloría y la Fiscalía inicien investigaciones, pues el tercer producto desaparecido se financió con recursos públicos. El Estado pagó 20.000 por la primera investigación.

El acceso a los datos reservados

Patricia Ochoa ha indicado que el primer comité para investigar la muerte de su esposo fue una farsa, porque los delegados eran todos ministros correístas. Incluso, ella reveló que a las sesiones asistían personas de la Secretaría de Inteligencia. Ella dice que un paso sería permitir que la familia tenga acceso a la información reservada que hay sobre el caso.