El gobierno califica de xenofobia las protestas en Pelileo
La Policía, Fiscalía y el Servicio de Protección Integral fueron activados para atender psicológicamente a las víctimas
El gobierno del presidente Daniel Noboa hizo públicas las acciones que ha emprendido para proteger a los venezolanos que residen en Pelileo, en Tungurahua, “de los actos de xenofobia” que ha realizado la población natural en contra de la población de nacionalidad venezolana en situación de movilidad.
Los ministerio de la Mujer, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de Gobierno e Interior han activados seis mecanismos para hacer frente con la crisis, que comenzó con el asesinato a manos de un extranjero del sargento de la Policía Nacional Wilson Ortiz Cevallos, el pasado 14 de noviembre. La semana pasada, más de 20.000 personas salieron a marchar por las calles de Pelileo pidiendo justicia, más seguridad y la expulsión de los extranjeros de su ciudad.
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La primera acción que ha emprendido el gobierno es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La entidad ha oficiado al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado “alertando sobre el tema y está al constante contacto con los organismos del sistema de Naciones Unidas para informar de los sucesos”.
A través del Ministerio de la Mujer activó al Servicio de Protección Integral de Tungurahua para que brinde contingencia y soporte psicológico a posibles víctimas. Se le pidió información al alcalde del cantón Pelileo para que entregue datos sobre el estado actual de los acontecimientos y “las acciones tomadas para evitar posibles violaciones de Derechos Humanos a la población migrante en situación de vulnerabilidad”.
“Rechazo firmemente los actos xenofóbicos ocurridos en Pelileo. Cumplir y hacer cumplir los derechos de las personas en situación de movilidad humana es nuestra obligación”, dijo Arianna Tanca, ministra de la Mujer.
Además, a través de la oficina de Control Migratorio, en coordinación con la Policía, se activarán “controles que de permanencia migratoria haciendo valer la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el accionar se llevará a cabo en irrestricto cumplimiento de las normas constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
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