Con fuegos artificiales pidieron justicia
Al grito de aquella vieja canción chilena: ‘el pueblo unido jamás será vencido’, decenas de perjudicados por la inmobiliaria Terrabienes retumbaron ayer los exteriores de la Corte Provincial del Guayas. Con fuegos artificiales, los afectados y representantes de más de mil familias que invirtieron en el programa habitacional Arcos del Río, intentaron llamar la atención de los jueces de la Sala Especializada Penal. Desde las 08:15, los funcionarios tramitaban un recurso de apelación al auto de nulidad de la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen, emitido por el juez de primera instancia Francisco Mendoza, en la cual la Fiscalía acusó a seis personas por un presunto delito de estafa masiva. El fiscal Julio Vacacela, quien lleva el caso, consideró ilegal y arbitraria la decisión de Mendoza de anular parte del proceso, luego de tres meses de realizada esa audiencia. El pasado 5 de enero, la Sala conoció el recurso de apelación, pero suspendió y devolvió el proceso al juez para que resuelva diversas peticiones y recursos formulados por los abogados de los procesados que no habían sido resueltos. Ayer, el caso fue retomado por la Sala. Mientras la diligencia se desarrollaba en el primer piso de la Corte, un grupo de perjudicados se mantenía en los exteriores de la entidad, protestando y advirtiendo de un nuevo perjuicio que podrían sufrir. “Los terrenos en que se iban a construir las viviendas se hipotecaron... por préstamos y como no cumplieron el pago se ejecutaron las garantías. Esos terrenos están embargados y próximos a salir a remate”, reveló Eddy Espín, uno de los perjudicados. Lo más grave para ellos son los pagarés que firmaron por el valor restante de la deuda que adquirieron por la compra de la casa. Según Espín, esos pagarés (entre 40.000 y 70.000 dólares) estarían siendo negociados en el mercado, con lo que les aumentaría la deuda a ellos. En 2014, Raquel Torres cuenta que debió regresar al país, expresamente para pedirle a la inmobiliaria que le devuelva los 19.185 dólares que había entregado de un total de $ 70.000 que costaba la vivienda que compró para su progenitora. “Hasta ahora no me han devuelto nada”, asegura. Ella emigró a España en 2012 para poder pagar la casa y en dos años logró hacer ese depósito, pero al visitar la urbanización encontró que “ni siquiera había un pilar puesto”. Una situación similar vivió Corina Freire. Tras ocho años de trabajar en España regresó al país con la ilusión de tener vivienda propia. “Uno va a limpiar casa y traer el dinero a nuestro país a invertir... di $ 18.000 de una sola”. La madre no abriga la esperanza de recuperar el dinero, pero se pregunta: “¿dónde está el presidente que iba a apoyar al migrante?”. Pasadas las 18:00, la Sala declaró sin lugar el recurso de apelación de la Fiscalía y mandó a repetir la audiencia de evaluación de dictamen y preparatoria de juicio. El abogado Raúl Llerena, defensor de varios perjudicados, manifestó que la defensa de Jorge Ortega (único detenido en el caso) abandonó la audiencia, por lo que debió ser asistido por un defensor público. “Aquí está en peligro la caducidad de la prisión”, expuso el jurista.
