La Comisión de Fiscalización recibió los argumentos de cargo y descargo en el marco del juicio político a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, con lo que cerró la sustanciación de la solicitud de la interpelación.

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El legislador Eckenner Recalde, en su papel de interpelante, insistió en que “hubo incumplimiento de funciones al excluir de los beneficios estatales a cientos de ciudadanos, sin que se les haya notificado de dicha decisión, con lo cual se afectaron derechos fundamentales de personas vulnerables, muchas de las cuales no tienen ni siquiera para llevar un pan a su mesa; algunas, inclusive, han fallecido”, reza un comunicado oficial de la Asamblea Nacional.

Además, precisó que el juicio político no responde al retiro del bono en sí mismo, sino a la violación de garantías previstas en la Constitución, entre ellas el derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica.

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En el espacio de descargos, el exministro Bernal sustentó su actuación explicando que si bien durante su gestión se excluyó a 289.000 beneficiarios, se incorporó a 314.000 a la base de datos del registro social.

También precisó que la notificación previa a la exclusión no es un requisito para la aplicación de un acto de simple administración, como lo dispone el artículo 120 del Código Orgánico Administrativo (COA). Por lo que, a su criterio, no existe incumplimiento de funciones, dado que la exclusión se da automáticamente una vez que la situación de los beneficiarios cambia, en virtud de los parámetros técnicos que los ubica por encima de la línea de pobreza.

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La sesión de la mesa permitió a los asambleístas formular diversas preguntas, tanto al proponente como al exfuncionario, con el propósito de obtener los elementos de juicio necesarios para sustentar el informe no vinculante, con el cual la comisión legislativa recomendará el juicio político o, de ser el caso, su archivo.

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