Encontraron las puertas cerradas. En medio de la tensa relación entre el recién posesionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, su pugna suma un nuevo episodio tras unos días de una aparente tregua.

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El 19 de mayo del 2023, la Fiscalía General del Estado notificó a los siete los consejeros de Participación Ciudadana del inicio de una indagación fiscal por el presunto incumplimiento de orden autoridad competente y destrucción de datos. Esto luego de que la misma fiscal Salazar denuncie la supuesta manipulación de archivos del concurso de su designación.

"Se procedía a entregar 16 cajas de documentos (referentes al concurso de designación de la fiscal Salazar), las cuales no fueron recibidas", indicó Alembert Vera, titular del Consejo de Participación Ciudadana, quien señaló que el plazo para la diligencia está por culminar.

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Según dijo Vera, "tenemos hasta el viernes (23 de junio de 2023) para la entrega. En caso de que la Fiscalía persista en no receptar los documentos, me acercaré personalmente el día de mañana (22 de junio de 2023) a hacer la entrega (de las 16 cajas de archivos)".

Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de falsa la información difundida por el presidente del Consejo de Participación e indicó que las 16 cajas de archivos estaban mal foliadas y que los propios abogados de la institución señalaron que la entregarían después.

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Por otro lado, el Consejo de Participación indicó a este medio que en la tarde del 21 de junio de 2023 se volvería a intentar entregar las 16 cajas con documentación a la Fiscalía General del Estado, pero que de persistir el accionar de la entidad, el presidente Vera acudiría.