El proceso judicial en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada, que involucra a Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo en la venta de insumos médicos en pandemia, ha experimentado alargues. 

El 5 de enero pasado, la defensa del exmandatario pidió al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que difiera la audiencia de juicio, prevista para los días 9,10, 11, 12 y 13 de enero. Ese pedido se justificó en un escrito en el que se comunicó que el 3 de enero del 2023 Bucaram acudió a un control médico y que un cardiólogo le ordenó la prolongación del reposo por 30 días -a partir del mismo 3 de enero- y que desista de actividades físicas y situaciones de estrés emocional.

Ante este nuevo pasaje en el proceso judicial, la fiscal Lidia Sarabaia presentó un escrito el 10 de enero pasado para "solicitar que una vez que se verifique el cumplimiento de los 30 días de reposo otorgado a favor del procesado (Abdalá Bucaram Ortiz), se señale día y hora para la audiencia de juicio". 

"En atención a lo solicitado se dispone, que la señora secretaria del Tribunal, de forma inmediata coordine con los señores jueces integrantes del Tribunal a fin de que se alcance a determinar la fecha para realizar la convocatoria tanto de la audiencia de Revisión de Medidas Cautelares solicitada por el procesado Leandro Germán Berrones Rosero (un agente de tránsito a quien se lo relaciona con personas vinculadas a la venta de insumos médicos); así como la audiencia de juzgamiento que debe ser la más próxima, considerado lo manifestado por la representante de la Fiscalía".

El año pasado, Bucaram también aludió un tema relacionado con su salud para pedir el diferimiento de dicha audiencia. La Fiscalía informó el 31 de agosto pasado que se difirió la audiencia de juicio tras un pedido del exmandatario para poderse someter a un procedimiento médico por una afección cardiaca preexistente.

Este caso se remonta al 2020, año del inicio de la pandemia del nuevo coronavirus. El 13 de agosto de ese año, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz recibió arresto domiciliario con vigilancia policial por el presunto delito de delincuencia organizada dentro de la investigación que sigue la Fiscalía por su vinculación con los dos israelíes detenidos en Santa Elena a inicios de junio. Los extranjeros portaban credenciales falsas de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y $ 300 mil en efectivo. Uno de ellos fue asesinado la madrugada del 8 de agosto de ese mismo año en el interior de su celda en la cárcel de Guayaquil y el otro quedó herido.

Según la investigación, los israelíes operaban en Quito e incluso se trasladaban por las calles de esa ciudad escoltados por agentes de tránsito.