Continúan las secuelas del paro nacional en la Asamblea. Ayer, los legisladores correístas refugiados en la embajada de México terminaron por renunciar a su salario, luego de un fallido intento por seguir cobrándolo, y sus alternos quedaron oficialmente designados para sustituirlos (“principalizados”, se dice en la jerga de por acá). Mientras tanto, el Pleno conformó una comisión multipartidista con el cometido de investigar los hechos ocurridos entre el 2 y el 13 de octubre. Otra, si se considera que la Comisión de Soberanía y Seguridad ya arrancó su propia investigación por cuerda separada. Solo falta que lleguen a conclusiones diferentes.

La jornada de ayer empezó temprano en la sala de sesiones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que se preparaba para recibir a los correístas de la embajada: Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri. Fue el coordinador del bloque, Juan Cristóbal Lloret, quien pidió que fueran escuchados y defendió, solo dos días atrás, su derecho a seguir cobrando su sueldo, con el único descuento de las multas correspondientes a inasistencias por sesión. Ayer, quizá tardíamente consciente del papelón, reculó. Como si sus palabras del martes no hubieran sido nunca pronunciadas, simplemente dijo todo lo contrario: “ellos son sensibles”; renuncian a su salario en beneficio de los alternos que los reemplazarán. El de Gabriela Rivadeneira, por cierto, un integrante de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador, José Agualsaca, admitió que se encuentra en la Asamblea cumpliendo instrucciones de su principal.

Se daba por sentado que Rivadeneira, Buendía y Viteri no abandonarían la embajada para ser recibidos por el CAL. Y no lo hicieron. Intentaron comunicarse mediante videoconferencia, pero la tecnología en este primer poder del Estado no es de las mejores. Optaron por el teléfono. Para entonces, los integrantes del CAL tenían ya en su poder un escrito de Gabriel Rivera, el abogado de los tres correístas, en el que se admitía la conveniencia de que los sueldos fueran para los alternos. De este modo, los refugiados pudieron centrarse en el relato de la persecución de la que dicen ser víctimas. No pidieron dinero, pidieron (cosa que a la integrante del CAL Cristina Reyes le pareció poco clara) protección de la Asamblea. Y confirmaron que su pedido de asilo al Gobierno mexicano había sido oficialmente presentado.

Con la ratificación de la decisión de privar a los ausentes de su sueldo hasta que decidan regresar (para lo cual fue necesario reformar un artículo del reglamento de sanciones y multas de la Asamblea) el CAL cerró este bochornoso capítulo del posconflicto. Minutos después, el Pleno abrió otro: conformó una comisión multipartidista para investigar los hechos relacionados con el paro nacional entre el 2 y el 13 de octubre, y le concedió un plazo de 30 días para emitir un informe de su trabajo.

Su misión: fiscalizar las medidas adoptadas por el Gobierno durante los días de conmoción social, investigar los hechos de violencia para establecer responsabilidades y hacer un seguimiento de los diálogos. La comisión quedó integrada por dos oficialistas (Rosa Orellana y Carlos Vera), un asambleísta de CREO (Héctor Yépez), un socialcristiano (César Rohón), uno de esa colcha de retazos que es el Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI (Fernando Burbano, y dos de los grupos que, durante el paro nacional, agitaron a la población y animaron el levantamiento: la correísta Doris Soliz y Jaime Olivo, de Pachakutik. Ellos sesionaron inmediatamente, nombraron por unanimidad a Burbano y Rohón como presidente y vicepresidente, respectivamente, y se citaron para el lunes 28 a las seis de la tarde.

Mientras tanto, la Comisión de Soberanía y Seguridad ya empezó esa misma investigación por cuenta propia. La víspera, recibió a los ministros de Gobierno y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, que tardaron cinco horas en exponer y debatir sus argumentos ante la resistencia del correísmo y Pachakutik. Ahora tendrán que repetir la experiencia en esta nueva comisión ocasional. Y lo mismo ocurrirá con el resto de autoridades y actores políticos que serán llamados a comparecer ante una y otra.

Una ley con unanimidad

La Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas fue aprobada ayer por unanimidad. La nueva ley crea un Sistema Nacional de Búsqueda que coordina la acción de 18 organismos del Estado; establece protocolos de investigación y acompañamiento, y prescribe la creación de unidades especializadas en la Fiscalía Nacional.