Los apagones no solo son producto del estiaje. También responden a una “grave crisis energética” que se ahonda cada año por la brecha entre demanda energética de la nación y la oferta estatal, que está sujeta a la ejecución y puesta en marcha de los proyectos generadores de energía. Así lo explicó el exministro de Energía, Pablo Terán en su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.

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Esta mesa legislativa analiza el proyecto de ley económico urgente para la competitividad energética, enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, la semana pasada.

Terán advirtió que el apoyo del sector privado es fundamental para solventar la crisis energética, porque el Estado no cuenta con los recursos necesarios para implementar todos los proyectos energéticos que el país necesita para cubrir la demanda de energía.

Gabriel Salazar, coordinador del programa de doctorado de energía eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, subrayó que “resolver la crisis energética no se trata únicamente de evitar los racionamientos, sino que consiste en volver a la provisión de un servicio continuo, de calidad, universal, eficiente y al menor costo posible”.

Instó a que la iniciativa legal amplíe las posibilidades de participación privada en actividades del sector eléctrico que no se limite a la generación, sino que incluya la transmisión, distribución, almacenamiento, alumbrado público, carga eléctrica vehicular, entre otros.

Hernán Flores, presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Generación Eléctrica del Ecuador (ADEGEL), destacó que la autogeneración energética es un concepto vigente hace más de 25 años que ha funcionado muy bien para aliviar la carga estatal, por lo que es urgente que se faciliten y agilicen los procesos a los que se expone el sector privado para aportar al abastecimiento energético. Agregó que en la actualidad todo el proceso demora 5 años en promedio.

María Paula Grijalva, abogada experta en derecho energético, explicó que la empresa privada debe invertir un valor aproximado de 2 millones de dólares para realizar los estudios necesarios, para identificar un proyecto de generación o transmisión eléctrica. Por ello propuso que la norma especifique que, cuando los proyectos para generación o transmisión sean identificados por la iniciativa privada y no estén incorporados en el Plan Maestro de Electrificación, su desarrollo se sujetará a un proceso público de selección, en el cual el Estado le otorgará al promotor los beneficios para participar en el Proceso Público de Selección (PPS).

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