El Comité de Seguridad recomendó al gobierno declarar el estado de excepción y toque de queda nocturno en las provincias de Manabí y Los Ríos y en el cantón Durán de la provincia de Guayas.

La decisión fue motivada por el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de la futbolista Ariana Chancay, el domingo 23 de julio en Manta.

Se trata de la décima sexta vez que el régimen del presidente Guillermo Lasso aplica esta herramienta jurídica, que es de carácter excepcional y sirve para enfrentar emergencias en temas de seguridad, salud y clima.

Para Gustavo Lalama, experto en seguridad, ni este ni los anteriores estados de excepción han sido efectivos para frenar la creciente ola de crímenes. “La evidencia es la falta de control efectivo del sistema carcelario (ante las matanzas y amotinamientos). Lo mismo pasa en la seguridad de las zonas declaradas en emergencia, no existe un efectivo control del territorio”.

El Gobierno anunció que este martes 25 de julio de 2023 está prevista una reunión entre el Comité de Seguridad y representantes de la Asociación de Municipios de Ecuador (AME), el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de Ecuador (Conagopare).

“A los alcaldes, prefectos... debemos actuar en conjunto. La seguridad es un asunto de todos”, dijo el primer mandatario.

Andrés de la Vega, experto en seguridad, opina que no hay evidencia de que los estados de excepción pasados hayan servido para reducir la violencia o el número de asesinatos.

En 2022, Ecuador llegó a una tasa de 26 muertos por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia. “Estamos hablando de un país que vive en medio de la violencia. Un estado de excepción no es la respuesta que nos va a ayudar a responder un problema ya instalado”. Sostiene que en esta administración se deformó la aplicación de esta herramienta jurídica.

Las estadísticas indican que los estados de excepción no han servido para disminuir los homicidios, pues este año hay más crímenes y la tasa puede llegar a 35 muertos por cada 100.000 habitantes para diciembre.

Con el estado de excepción, el Gobierno incrementará el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pasarán de más de 400 a 1.000 uniformados.

“El estado de excepción no resuelve nada. Hemos visto una condición de violencia incontrolada que atraviesa a todas las instancias del Estado. Los estados de excepción han servido de gesto político sin efectos concretos”, afirma Diego Pérez Enríquez, decano de la escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Destaca que es una medida reactiva y no preventiva.