El estero, la nueva pugna entre Municipio y Gobierno

Un nuevo conflicto empezó entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil, por el estero Salado. El sábado, el presidente Rafael Correa responsabilizó a la empresa concesionara Interagua de la contaminación de ese brazo de mar. Dijo que era “un delito ambiental”.

El ministro del Ambiente, Daniel Ortega, se sumó ayer al cuestionamiento y dijo que las instituciones porteñas deben corregir el nivel de descargas de aguas servidas al estero Salaro. Además, habló de procesos administrativos, judiciales y de ser necesario, penales.

Según Ortega, un análisis estableció que nueve de cada diez descargas hechas al estero incumplen la norma ambiental con respecto a los coliformes fecales. También dijo que el Gobierno ha invertido 143 millones para su descontaminación.

La empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) e Interagua le respondieron al Gobierno a través de un comunicado.

Ambas entidades le recordaron que recibieron la competencia del alcantarillado sanitario hace ocho años y que en ese tiempo han dotado del servicio a 800.000 habitantes de los barrios de menores recursos.

Además, precisaron que las 400.000 personas que habitan en los sectores aledaños al estero Salado (Guasmo, Trinitaria, Febres Cordero, Letamendi y parte de Tarqui Popular, tienen red pública y que, los 40.000 que no han cumplido con esa obligación por no poder sufragar el costo de esas conexiones, se las ejecutó con fondos en calidad de préstamo que ellos deben pagar a largo plazo.