Cuando la violencia reemplaza al derecho
Cuando el sicariato, la implicación de menores y la lógica del crimen organizado sustituyen a las leyes en las instituciones, el Estado de derecho se quiebra
Si los hechos se prueban, profesionales con títulos y buenos sueldos concluyeron que un sicario de 17 años resuelve conflictos mejor que un abogado o un juez.
Las sociedades no funcionan únicamente porque existen leyes, funcionan porque las personas confían en que sus conflictos se resolverán mediante esas leyes. Una auditoría puede descubrir una irregularidad, una investigación puede establecer responsabilidades, un juez puede imponer una sanción. Ese es el fundamento del Estado de derecho.
El asesinato del gerente financiero de la UDLA, si la hipótesis presentada por Fiscalía llega a demostrarse en juicio, obliga a preguntarnos qué ocurre cuando esa premisa desaparece. Según la investigación, el crimen habría sido la respuesta a una auditoría interna que amenazaba con descubrir presuntas irregularidades en procesos de contratación.
Quito
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Byron Castillo Peñaherrera
Métodos propios de organizaciones criminales
Lo verdaderamente perturbador es la secuencia de decisiones que describe la investigación. Primero advertir que una auditoria podría establecer responsabilidades; luego, en lugar de afrontar sus resultados, intentar impedirla mediante el asesinato de quien la impulsaba. Lo que vuelve particularmente grave este caso no es el cargo que ocupaban los procesados ni su formación profesional. Es que, según la investigación, quienes habrían participado en la planificación del asesinato son compañeros de trabajo de la víctima. Personas que compartían con ella el mismo entorno laboral y que, de confirmarse la acusación, habrían sustituido los procedimientos y controles propios de cualquier organización por la lógica del sicariato.
Pero existe otro dato igualmente inquietante. Para ejecutar el delito, según la Fiscalía, quienes organizaron el crimen habrían utilizado a un adolescente de 17 años para ejecutar los disparos. No se trata únicamente de un proceso penal. Se trata de preguntarnos qué ocurre cuando métodos propios de las organizaciones criminales empiezan a utilizarse para resolver conflictos surgidos dentro de instituciones que deberían regirse exclusivamente por el derecho.
Si los hechos se prueban, este caso no hablará solamente de los acusados. Hablará del momento en que profesionales con títulos y buenos sueldos concluyen que un sicario de 17 años es más eficiente que un abogado o un juez para resolver un conflicto, sustituyendo al derecho por la violencia.
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